El juez Antonio Viejo ha acordado requerir a catorce entidades bancarias todos los movimientos de las cuentas del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para ser entregados a la UCO, que se encuentra elaborando un informe sobre sus negocios. Los dartos son relativos tanto al empresario como de sus sociedades y desde el 2014.
La unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil había solicitado al instructor que reclamara estos datos para poder completar su informe sobre el posible pago a un directivo de Quirón a cambio de contratos.
Según recoge el auto, estas diligencias van encaminadas a acreditar si González Amador compró la empresa Círculo de Belleza, S.L.”, de la que era única partícipe en el momento de la transmisión la esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención.
González Amador adquirió la empresa por 500.000 euros, “siendo la verdadera finalidad de dicho acto satisfacer una comisión a Camino, en atención a su posición en Quirón Prevención y las relaciones comerciales habidas sostenidas con González Amador”, lo que podróa considerarse un presunto delito de corrupción en los negocios.
El magistrado sostiene que para el esclarecimiento de los hechos la infomrmación bancaria es “prioritaria”, “sin perjuicio de que, en su momento, y dependiendo de sus resultados, pudiera considerarse procedente extender dicho examen a la información tributaria de personas físicas o jurídicas relacionadas, así como a los datos obrantes en los archivos de la
Tesorería General de la Seguridad Social de las personas relacionadas”.
Viejo apunta que la investigación de los datos bancarios debe ir dirigida sobre las personas investigadas en la causa, así como de las sociedades relacionadas. Además, reclama la información desde el 2014, “puesto que lo indagado en el presente proceso es un hecho que, indiciariamente, tiene su génesis en relaciones jurídicas sostenidas en el tiempo”.
Este asunto se investiga como una pieza separada por un hallazgo a raíz de la investigación abierta contra González Amador por fraude fiscal y falsedad documental, por lo que está acusado y pendiente de ser enjuiciado.
El juez se basa en la inspección de la Agencia Tributaria (AEAT) que refleja que la sociedad Maxwell Cremona de la que es socio y administrador único González Amador, en los años 2020 y 2021 registró un incremento de sus ingresos por la intermediación en una operación de venta de material sanitario en 2020 “y por la percepción de cuantiosos ingresos facturados a su principal cliente Quirón Prevención SL. en 2021”. En el año 2020, coincidiendo con la pandemia por la Covid-19, percibió 1,9 millones de euros en dos facturas, una de 834.320 euros y otra segunda de 1.138.680 euros.
Estas facturas tenían concepto de “comercialización clientes” por la intermediación en la venta de material de protección sanitaria entre FCS a la mercantil Mape Asesores. Según la instructora, el 4 de diciembre de 2020, Maxwell compró por casi medio millón de euros a Carrasco, la sociedad Círculo de Belleza S.L, “la cual carecía de valor”.
Hasta el 11 de septiembre de 2020 los socios eran la propia Carrasco, su marido, Fernando Camino, y su hermano. En esa fecha, ella compró el 40% que tenían los otros dos socios por 8.000 euros a cada uno. “Por tanto, en el mes de septiembre de 2020, el esposo y hermano de Carrasco vendieron las participaciones de la citada sociedad por un precio considerablemente inferior ya que en tres meses el valor de la participación tuvo un incremento superior al 1000%”, destaca.
El fiscal considera que el investigado no pagó casi medio millón de euros a Carrasco porque iba a obtener algo de una sociedad que carecía de actividad, medios personales y materiales. “Existen indicios de que esta operación se llevó a cabo para retribuir la intermediación entre FCS y MAPE o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención”, ha apuntado en varios escritos.
