Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado su intervención en el curso de verano organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander para dar más detalles sobre la posición del PP en torno a la “ley de nietos”, una norma impulsada por el Gobierno que va a permitir que 2,5 millones de personas descendientes de españoles que residen en el extranjero adquieran la nacionalidad española. En este sentido, el líder del PP ha defendido que los “nietos” si tengan derecho a la nacionalidad española, pero ha puesto el foco de sus críticas en la gestión del Gobierno por “las pocas garantías” y la “falta de transparencia”.
El PP ya lanzó ayer una batería de iniciativas parlamentarias para «fiscalizar» el procedimiento de concesión de nacionalidades porque sospecha que hay falta de garantías por la “urgencia” con que se está haciendo y por la contratación de empresas -una de ellas, vinculada al Estado cubano- para dar apoyo a los consulados en la tramitación de los expedientes. “Delegar la tramitación en empresas públicas del Estado cubano va en contra de la seguridad y la limpieza en el procedimiento”, ha afirmado.
“Dar el pasaporte español es un acto con trascendencia jurídica, económica y social”, ha señalado Feijóo, quien cree que no solo tiene impacto en el censo electoral porque con la nacionalidad española se adquiere el derecho a votar, sino también en el Estado del bienestar porque pueden hacer uso de servicios públicos.
Así, Feijóo ha señalado algunas de las consecuencias económicas que implica conceder el pasaporte español, como la tarjeta sanitaria, el cheque educativo o el derecho a pensión no contributiva. “No estamos en contra de que un nieto pueda obtener la nacionalidad española, sino que esto sea un trágala con nocturnidad y alevosía”, ha agregado en una conversación mantenida con la periodista Gloria Lomana.
“Hay que parar y ver el impacto económico. Un país, en siete años (entre 2019 y 2026) no puede incrementar población en siete u ocho millones de personas”, ha señalado, contando los extranjeros que han ido entrando en el censo (cuatro millones), la regularización de inmigrantes (1,3 millones) y ahora las nacionalizaciones (2,5 millones). Cabe distinguir que hay extranjeros que solo tienen el permiso de residencia y, sin nacionalidad, no pueden votar.
Feijóo también ha puesto el foco de sus críticas en la propia norma y su desarrollo en la instrucción que aprobó el Ministerio de Justicia. El líder del PP ha rechazado que la “ley de nietos” haya quedado enmarcada en la Ley de Memoria Democrática y que la instrucción posterior “modifique el objeto de la ley” al ampliar los supuestos por los cuales se puede adquirir la nacionalidad española. “No estamos hablando de nietos, sino de bisnietos y tataranietos. Hay un vicio de legalidad porque la instrucción no puede modificar el objeto de la ley”, ha afirmado Feijóo.
El PP, en este sentido, denuncia que la instrucción, que es un acto administrativo dictado por el Gobierno que ha ampliado el número de posibles beneficiarios: ya no son solo nietos de exiliados los que tienen derechos, sino que, segun reprochan los populares, también se incorpora a generaciones posteriores (como bisnietos o tataranietos).
“Creo que los asuntos importantes se tienen que tratar de forma sólida, transparente y sin arbitrariedades”, ha afirmado el líder del PP, quien ha insistido en que defiende que los “nietos” de los exiliados españoles puedan tener el derecho a la nacionalidad, pero ha de quedar “clarísimo la limpieza” en el procedimiento y circunscrito a un colectivo muy concreto ya que actualmente podrían pasar a ser españoles 2,6 millones de personas. “Este tipo de cuestiones necesita un respaldo legal adecuado y suficiente, pulcritud en la exigencia de requisitos y memoria económica”, ha señalado.
