La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado por cerrado el proceso de análisis de la venta acelerada del 14,3% que mantenía Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la firma familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano, del accionariado de Indra. ) El organismo recabó información sobre “las circunstancias concretas” de la venta de la participación del 14,3% que los Escribano tenían en Indra, según revela el Gobierno en una contestación parlamentaria por escrito a una pregunta formulada por Vox, que entre otras cosas interpela al Ejecutivo sobre el “posible uso de información privilegiada” en esa operación.
El Ejecutivo ha detalló que, tras el examen de la situación, “en su caso, la CNMV adoptará las medidas que correspondan en función del resultado de dicho análisis”.
En concreto, el organismo presidido por Carlos San Basilio estudia la colocación acelerada que Advanced Engineering & Manufacturing –vehículo inversor de Javier y Ángel Escribano en EM&E e Indra– realizó a principios de mayo de su participación del 14,3% en el capital de la compañía tecnológica y de defensa, valorada en más de 1.300 millones de euros.
“La CNMV está realizando las actuaciones correspondientes para recabar información acerca de las circunstancias concretas de la operación de venta de la participación de Advanced Engineering and Manufacturing en Indra y el correcto cumplimiento de las obligaciones de reporte”, ha explicado el ejecutivo.
No obstante, el Gobierno ha querido aclarar que estas actuaciones por parte del organismo se enmarcan en “el ejercicio de sus competencias de supervisión sobre los sujetos supervisados, entre los que se incluyen las personas físicas o jurídicas en cuanto se puedan ver afectadas por la normativa del mercado de valores”.
“La CNMV viene monitorizando la situación de Indra, como la de cualquier otra sociedad cotizada, por lo que respecta a la transparencia y sus actuaciones en los mercados de valores”, señala el Ejecutivo.
Así, ha remarcado que la institución “no tiene competencias con relación a las operaciones y decisiones empresariales que las entidades cotizadas lleven a cabo en su actividad empresarial, ni tampoco, con carácter general, para fiscalizar las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno de las sociedades cotizadas”.
