Se levanta otro muro comercial. Tal como estaba previsto, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la madrugada del jueves nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones procedentes de 60 países y economías, decisión que sustenta su base legal en una investigación sobre “esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso”. La medida cubre el 99,4% del valor de las compras estadounidenses del exterior. La decisión llega pocas horas después de caducaran los anteriores derechos de aduana provisionales del 10%.
Las principales investigaciones de abusos laborales de la OIT afectan a Myanmar, China y Corea del Norte y en ningún caso a esta amplia gama de países escogidos por Trump
“Estados Unidos ha tenido una prohibición de importaciones vinculadas al trabajo forzoso durante casi un siglo, y la aplica rigurosamente”, afirmó el representante de Comercio de EE. UU., Jamieson Greer. “Ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo.” En la actualidad las principales investigaciones llevadas a cabo sobre estos abusos laborales por la OIT y Naciones Unidas afectan a Myanmar, China y Corea del Norte y en ningún caso esta amplia gama de países escogidos por Trump.
La UE evita polemizar y confía en que el grueso de su pacto comercial con EE.UU. se mantenga
Sorprende en particular la inclusión de la UE. Los regímenes laborales europeos cuentan con las normas laborales más estrictas del mundo en este apartado. El argumento es que Bruselas no ha implementado todavía el cuerpo normativo que prohibe vender o exportar productos fabricados con estas prácticas abusivas, que entrará en vigor en diciembre de 2027. La representante de Política Exterior, Kaja Kallas dijo que las motivaciones de EE.UU. “no tienen fundamento”.
La decisión fija un arancel global del 10% para la Unión Europea y restablece exenciones para productos como el corcho y los diamantes, además de mantener las ya existentes para aeronaves, medicamentos genéricos y sus compuestos químicos.
Por ello, el portavoz comunitario Olof Gill se mantuvo conciliador. Calificó la nueva política arancelaria de EE.UU. como “un impulso positivo” de cara a explorar nuevas formas de colaboración. Bruselas firmó con Washington hace un año un pacto comercial que preveía un arancel máximo del 15%, así que la actual propuesta es un mal menor.
En cambio, la respuesta en otros países fue mucho más dura. Como en Japón. “A pesar de que la industria y el comercio de nuestro país operan de conformidad con las normas internacionales, resulta lamentable imponer aranceles con el argumento de falta de medidas de prohibición de importación de productos fabricados mediante trabajado forzado”, dijo el portavoz gubernamental.
En Brasil, la Administración de Lula da Silva dijo que “ante la falta de un fundamento legal interno que respalde su política comercial proteccionista”, Estados Unidos “optó por manipular un tema tan importante” para imponer un nuevo impuesto.
Esta decisión representa el segundo golpe arancelario aplicado por Estados Unidos contra el país suramericano en la última semana tras al gravamen del 25% que entró en vigor este miércoles por supuestas prácticas “desleales”. Según un análisis de la Cámara Americana de Comercio para Brasil, los nuevos aranceles elevarán hasta el 37,5 % la carga acumulada sobre las exportaciones del país brasileño.
El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, objetó que “la investigación estadounidense no ha aportado pruebas significativas que respalden las acusaciones relativas al trabajo forzoso, mientras que el gobierno de Australia denunció que estas tarifas son “injustificadas e incompatibles” con el acuerdo de libre comercio que tienen firmado con Washington.
Por su parte, EE.UU. ya se enfrenta a varias patatas calientes. El presidente Trump solía presumir del dinero que estaba recaudando por los ingresos arancelarios. Pero el mes pasado, esa tendencia se invirtió y se registró una pérdida de 26.000 millones de dólares, ya que el Gobierno empezó a devolver los aranceles que el Tribunal Supremo declaró ilegales.
Asimismo, los derechos de aduana han acabado repercutiéndose sobre los precios y en la actualidad la economía estadounidense es la que cuenta con la inflación más elevada entre los países del G7, un 3,5%.
Nueva amenazas a Europa por las multas a las tecnológicas estadounidenses
Recurrir al argumento del trabajo forzoso permite a Trump imponer gravámenes durante más tiempo, –revisables cada cuatro años– y sin pasar por control parlamentario (sección 301 de la Ley de Comercio de 1974). Pero además los derechos de aduana sirven como herramienta de presión contra Europa. Y puede haber más. El viernes por la tarde Donald Trump publicó este viernes en su plataforma Truth Social que su administración iniciará una nueva investigación arancelaria sobre el bloque por ·”la práctica de “ROBAR” a las empresas estadounidenses y, a su vez, al contribuyente estadounidense”. La publicación se produce un día después de que la Comisión Europea multara a Google con 890 millones de euros por infringir la normativa digital del bloque.Trump arremetió en otras ocasiones contra Bruselas por multar también a Apple, Meta y Amazon. Trump escribió: “¡Estados Unidos de América no es una «HUCHA» para Europa, ni vamos a permitir que lo sea! La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y sumamente antiética, sobre la que les he advertido reiteradamente. Las sanciones se revertirán por completo y anticipamos que se les impondrá un ARANCEL sustancial lo antes posible”. El mes pasado, Trump afirmó que impondría un arancel del 100 % a las importaciones procedentes de países europeos que apliquen un impuesto a los servicios digitales sobre las empresas estadounidenses, advirtiendo de que este gravamen prevalecería sobre cualquier acuerdo comercial. El Parlamento Europeo respaldó recientemente un impuesto a los servicios digitales a escala de la UE, pero para salir adelante requeriría el apoyo de los 27 Estados miembros.
