El Govern de la Generalitat aseguró ayer que buscará “medidas legales” para proteger el derecho a la vivienda en Catalunya y abrió la puerta a modificaciones sustanciales en la ley contra la compra especulativa tras el varapalo del Consell de Garanties Estatutàries, que cuestionó la norma en profundidad y subrayó que vulnera la Constitución. La proposición de ley de Comuns, pactada con el Govern del PSC, busca restringir la compraventa especulativa de viviendas en las zonas tensionadas siempre que no sea para uso residencial.
El órgano consultivo catalán, en un extenso informe de más de 100 páginas, señala que la ley vulnera cinco artículos de la Constitución, como el derecho a la propiedad y a la herencia, el de libertad de empresa, el de las obligaciones contractuales y de la certeza jurídica. Todos los puntos del informe del Consell, que no es vinculante, fueron aprobados por unanimidad.
El Consell de Garanties alerta también de que se pretende legislar cuestiones de derecho civil a través de una modificación de la ley de Urbanismo catalana, advierte que se invaden competencias estatales en materia de contratos y cuestiona que para aprobar la norma se haya empleado el procedimiento de lectura única, que se salta varios trámites como escuchar a los entes locales, que serían los encargados de aplicar la ley si saliera adelante.
Pese a que el dictamen no es vinculante, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, afirmó que harán modificaciones para encontrar “las maneras que sean posibles de acuerdo con el Estatut para proteger el derecho a la vivienda en Catalunya”. Paneque advirtió que “la mercantilización de la vivienda es un peligro cuando tener una casa se convierte en un problema para la mayor parte del pueblo de Catalunya”, y mantuvo que “es necesario encontrar las vías que de acuerdo con la ley aporten soluciones a un tema estructural como este”.
Tanto Junts como PP, que solicitaron el informe al Consell, celebraron la resolución. Los posconvergentes remarcaron que “queda claro que la norma vulnera el derecho a la propiedad, a la herencia, a la libertad de empresa y la seguridad jurídica”. Además, en un comunicado, resaltaron que la ley “presenta graves problemas competenciales, de tramitación y de exclusión del mundo local”. Los populares, a su vez, reiteraron que recurrirán la norma al Constitucional si se aprueba y calificaron el texto de “chapuza que nació vulnerando derechos fundamentales, invadiendo competencias y atacando principios básicos del Estado de derecho”. Ambos grupos piden retirar la propuesta.
Junts y el PP, que pidieron el dictamen, exigen que se retire la ley por sus “graves problemas”
Comuns, por su parte, asegura que no comparten el análisis del Consell de Garanties Estatutàries. Considera que el órgano “no ha entendido que no se limita la adquisición sino el destino de la vivienda”. Su presidenta en el Parlament, Jéssica Albiach, expuso que seguirán “explorando los márgenes legales para hacer de la vivienda en Catalunya un derecho y no un activo financiero”.
El otro grupo imprescindible para que la norma salga adelante es Esquerra, y el dictamen del Consell ha añadido más recelos en la formación. Fuentes del partido señalan que “habrá que replantearla” porque “la norma tiene demasiadas objeciones”. Para ellos, la ley de Urbanismo no es la mejor vía para regular la compra especulativa de viviendas, objetivo con el que están de acuerdo.
Fuentes republicanas consideran que hay otras posibilidades para encajar esta restricción como el derecho civil, actuar a través de la fiscalidad o en la legislación propia en vivienda en lugar de modificar la ley de Urbanismo. En ERC apuntan que “no entienden” que la fiscalidad trate igual a cualquier comprador.
El dictamen abre un nuevo plazo de enmiendas por si los grupos quieren introducir modificaciones, de modo que la aprobación de la norma, prevista inicialmente para principios de octubre, se demorará más con toda seguridad.
Las claves de la controvertida iniciativa
Antes de cerrar el curso político, el Parlament tramitó por lectura única la proposición de Comuns para restringir la compra de vivienda en Catalunya en algunos casos.
¿Qué prohibiría?
El texto de los ecosocialistas pretende reducir la participación en el mercado inmobiliario de los inversores y promover la adquisición de pisos por parte de particulares. Así, las viviendas solo se podrían destinar a residencia permanente o a alquiler habitual. Quedarían excluidos el alquiler de temporada, el alquiler turístico o los negocios. Tampoco se podría comprar para volver a vender al cabo de poco tiempo.
¿A quién afectaría?
Sobre el perfil de comprador, afectaría tanto a los grandes tenedores como a los que no lo son, así como a las personas físicas y jurídicas en las zonas de mercado tensionado. Aunque no lo dice explícitamente, también entrarían dentro de estas limitaciones los pisos heredados. Todo el que consiga una vivienda tendría que residir en ella o ponerla en alquiler habitual en un plazo de doce meses.
Las excepciones
Se incluye la compra de vivienda para los hijos o personas con una relación de parentesco de hasta segundo grado. En cuanto a las segundas residencias, solo se podría poseer una por persona si se compra en una zona tensionada.
Desde el Palau de la Generalitat no especifican de momento por qué vía optará el Ejecutivo de Salvador Illa, pero queda claro que como mínimo habrá una modificación del redactado actual o bien se trabajará para elaborar una nueva ley tras el informe adverso del órgano consultivo catalán, que no es vinculante. Los grupos, de hecho, podrían desoír las recomendaciones del Consell de Garanties, pero queda patente con las palabras de la consellera que no será el camino que elijan los socialistas catalanes.
El PSC dio apoyo a la norma de los ecosocialistas porque así lo pactó el Govern a cambio del apoyo de ese grupo a los presupuestos de la Generalitat, si bien entre los socialistas catalanes hay quien arrastraba los pies y no veía con buenos ojos la propuesta del grupo de Albiach. Una iniciativa que, tras el informe, entra en arenas movedizas.
