Alberto Núñez Feijóo volvió ayer a Ceuta, por segunda vez en poco más de quince días, para exigir el regreso voluntario o la expulsión de “todos” los inmigrantes que ingresaron irregularmente en la ciudad autónoma en la entrada masiva que colapsó la frontera de la ciudad.
El líder del PP calificó de “irresponsable” la acción del Ejecutivo tres semanas después del inicio de la crisis y, proyectándose como alternativa de Gobierno, fijó la posición de su partido. Una posición que parte de la idea de que España no actuará “bajo chantaje o bajo la amenaza” porque “la españolidad de Ceuta y Melilla no es negociable”.
“Ni mayores ni menores. Han de regresar todos” advierte el líder de los populares
El Partido Popular ha acelerado su ofensiva tras el respaldo explícito de la Comisión Europea, que el martes avaló la directiva comunitaria sobre retornos y gestión fronteriza. Un marco que, según subrayan desde Génova, brinda la cobertura legal y el respaldo institucional necesarios para acometer las devoluciones ya sean adultos o menores.
El presidente del PP insistió en que todas las personas que cruzaron la frontera los días 30 y 31 “tienen que regresar a su país” y advirtió contra el “precedente perverso de conceder derechos a quien ha participado en una invasión ilegal”. “Ni mayores ni menores. Han de regresar todos”, reiteró, reclamando al Ejecutivo la activación inmediata del proceso de repatriación y el desplazamiento desde la Península de “todas las unidades de extranjería que sean necesarias”.
Feijóo cargó también contra la política exterior del Gobierno y aseguró que la crisis en la ciudad autónoma es “el resultado más visible” de “años de diplomacia secreta” con Rabat.
El dirigente popular acusó al Ejecutivo de haber “subcontratado la llave de la frontera sur de Europa a la buena voluntad de Marruecos”, algo que tildó de “inadmisible”, antes de advertir de que la seguridad nacional no puede depender de un país tercero. “España no busca enemigos ni conflictos, pero tampoco va a admitir amenazas”, aseveró, reclamando una relación de vecindad basada en la reciprocidad y el respeto mutuo tras las recientes declaraciones de altos cargos marroquíes sobre la soberanía de Ceuta y Melilla.
En su intervención, Feijóo endureció el diagnóstico de la crisis al afirmar que la quiebra del perímetro fronterizo supuso una “invasión en pleno 2026” y acusó al Gobierno central de dejar desprotegidos a más de 80.000 españoles, en referencia a la población ceutí a la que mostró repetidamente su solidaridad.
Feijóo censuró asimismo que Moncloa pretenda tratar la emergencia “como un simple episodio de verano”, despachándola en redes sociales o con recomendaciones culturales mientras la ciudad sigue lejos de la normalidad. Según sus datos, más de 10.000 personas permanecen aún en Ceuta —frente a las 2.500 estimadas en los balances oficiales—, por lo que tildó el discurso de la normalización de “insulto a la inteligencia de los ceutíes”. Su análisis alertó además de una triple crisis de seguridad nacional, orden público y salud pública que, a su juicio, puede derivar en “graves incidentes” si el Estado no actúa con urgencia.
Durante su visita, el líder del PP detalló un plan de choque articulado en siete medidas concretas: la creación de un mando único para coordinar la respuesta policial, asistencial y de seguridad; la expulsión o retorno voluntario de todas las personas que hayan entrado de forma irregular al amparo de la directiva europea; la exigencia de respeto, lealtad y reciprocidad a Marruecos, sin concesiones respecto a la integridad territorial española; el despliegue de todos los medios del Estado y de las alianzas internacionales para defender la frontera; el refuerzo de la inviolabilidad del perímetro con infraestructuras, tecnología, medios humanos y reformas legales; la presencia e interlocución directa de Ceuta en las instituciones de la Unión Europea; y la puesta en marcha de un plan de reactivación económica para la reconstrucción del tejido comercial y social de la ciudad.
