El Gobierno ha aprobado en su primer Consejo de Ministros tras el parón estival dos anteproyectos de ley para reformar el sistema español de extranjería y asilo y adaptarlo al nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado en su rueda de prensa ambas iniciativas como un intento de combinar una gestión “ágil, eficaz y ordenada” de los flujos migratorios con el mantenimiento de las garantías de las personas migrantes.
Las dos normas —una nueva Ley reguladora de la Protección Internacional y una reforma parcial de la Ley de Extranjería— desarrollan en España el paquete normativo europeo aprobado en 2024. Nueve reglamentos comunitarios son ya de aplicación directa, mientras que España debe incorporar a su ordenamiento la directiva europea sobre las condiciones de acogida y concretar algunas de las opciones que deja abiertas la normativa comunitaria. El propio Gobierno ya había incluido la nueva ley de protección internacional entre sus previsiones normativas para este año.
La principal novedad de la reforma de Extranjería será la incorporación del denominado “triaje” para las personas extranjeras que crucen las fronteras exteriores sin haber pasado por los controles ordinarios de entrada. Se trata de un procedimiento previo a la entrada formal en España que incluirá la identificación, la toma de datos biométricos, un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad y una inspección de seguridad, además de la determinación del procedimiento que corresponda en cada caso.
El Pacto Europeo permite que este proceso se prolongue hasta siete días, pero el Gobierno ha decidido mantener en España un plazo máximo de 72 horas. Solo podrá ampliarse mediante decisión judicial. El objetivo declarado por Interior es limitar al mínimo imprescindible la permanencia de estas personas en las instalaciones policiales habilitadas para realizar el procedimiento.
La reforma incorpora también el nuevo procedimiento fronterizo de retorno previsto por la legislación europea. En la práctica, las personas que lleguen irregularmente a las fronteras españolas y no tengan derecho a protección internacional podrán ver impedida su entrada en territorio nacional. Este procedimiento tendrá un plazo máximo de 12 semanas. En el caso de quienes hayan solicitado protección internacional, si la petición es rechazada recibirán junto a la denegación la correspondiente notificación de entrada y la obligación de abandonar el país.
El nuevo modelo de asilo introduce asimismo distintos cauces para examinar las solicitudes. La futura ley distinguirá entre un procedimiento ordinario y otro acelerado, que deberá resolverse en un máximo de tres meses, además del procedimiento de frontera, cuya resolución podrá prolongarse hasta 12 semanas. Durante este último periodo, el solicitante deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas.
Interior pretende, con la nueva Ley de Protección Internacional, reunir en una única norma buena parte de las reglas que hasta ahora se encuentran dispersas entre distintas disposiciones europeas y españolas. El texto actualizará las definiciones de protección internacional, estatuto del refugiado y protección subsidiaria e incorporará expresamente supuestos de persecución relacionados con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad.
El Gobierno subraya que la reforma mantendrá una perspectiva “garantista” y prestará especial atención a las personas vulnerables, los menores y la unidad familiar. Grande-Marlaska ha defendido que la adaptación al pacto europeo no supondrá reducir las garantías de quienes solicitan protección internacional y ha recordado que el Ejecutivo rechazó el reglamento europeo que contempla el retorno a terceros países.
Los dos textos han sido aprobados este martes en primera vuelta, por lo que todavía deberán completar su tramitación antes de llegar al Congreso. El Gobierno recabará informes del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y la Agencia Española de Protección de Datos, entre otros organismos, y abrirá el texto a las aportaciones de los ministerios con competencias en la materia. Tendrá aún que aprobarse, pues, en segunda vuelta.
Grande-Marlaska ha confiado en que las dos iniciativas puedan convertirse próximamente en proyectos de ley y ha avanzado que el Gobierno buscará entonces el acuerdo con los grupos parlamentarios. “Las políticas de extranjería, de protección internacional son políticas de Estado”, ha defendido el ministro, que aspira a que el nuevo marco obtenga “el mayor consenso político y social posible”.
