El triunfo de la AfD alemana en las elecciones en Sajonia-Anhalt y la idea de prioridad nacional , hoy enarbolada en España por Vox y adoptada por el PP casi sin matices críticos, no es ninguna novedad ni una aportación original, sino un concepto con una larga y oscura genealogía que ha servido históricamente como fórmula presentable para justificar la exclusión de los extranjeros. Bajo su apariencia de neutralidad administrativa esconde la idea de que existe una comunidad nacional auténtica cuyos derechos valen más que los de quienes son clasificados como extraños por su origen, religión, lengua o etnia, estableciendo así una jerarquía de humanidades donde unos merecen plenamente y otros no.
Esa jerarquía tiende, según se argumenta, a evolucionar de forma casi previsible: primero discriminación, después segregación y luego expulsión. Para sostener esta tesis se pueden ver casos muy diversos: el nacionalismo blanco del “America first” trumpista; el Hindutva de Modi en India; la ley del Estado nación israelí y su uso para justificar la ocupación y la guerra en Gaza: la ivoirité en Costa de Marfil; la authenticité del Zaire de Mobutu; la Gran Serbia de Milosevic; el genocidio ruandés contra los tutsis; la persecución de los rohinyá en Myanmar, y los fascismos europeos de los años treinta, incluido el franquismo. Todos estos ejemplos muestran que, pese a sus enormes diferencias culturales y geográficas, todos comparten la misma estructura lógica y una secuencia de consecuencias similar, nefasta y excluyente.
El concepto, que también comparte Vox, no es nuevo y tiene un largo y oscuro pasado
Este análisis se puede enlazar con lo que se denomina plutopopulismo o populismo de derecha radical neoliberal, es decir, movimientos que combinan un discurso nativista y antiélite con una agenda económica que en realidad profundiza el neoliberalismo. Estos liderazgos prometen devolver el poder al pueblo y proteger la soberanía nacional, pero una vez en el gobierno impulsan medidas como la desregulación, la privatización de servicios públicos o el debilitamiento de la negociación colectiva, que agravan la desigualdad que dicen combatir. La clave del mecanismo, se explica, es que logra desviar el malestar social generado por décadas de políticas neoliberales hacia enemigos simbólicos, en especial los migrantes, evitando así que la indignación se dirija hacia quienes concentran realmente la riqueza y el poder. Esto produce un Estado paradójico: se retira de sus funciones redistributivas y de bienestar, pero se fortalece en su vertiente punitiva, securitaria y de control migratorio, mientras un estilo comunicativo simplificador y emocional, amplificado por las redes sociales, sustituye el debate democrático por relatos binarios de pueblo puro contra élites corruptas .
Frente a este panorama, se necesita una respuesta explícitamente política: recuperar un lenguaje que reoriente el descontento hacia sus causas estructurales, construir coaliciones sociales amplias, proteger la independencia de la justicia y los medios públicos, y apostar por políticas que reviertan el neoliberalismo que originó el malestar, para que ese descontento no siga siendo capitalizado electoralmente por discursos nacionalistas excluyentes y xenófobos que, en el fondo, perpetúan la desigualdad que dicen combatir.
