Los actuales planes de la Unión Europea para recuperar el peso del sector siderúrgico en el mercado global y acelerar la descarbonización de la industria no están cristalizando en proyectos concretos por los obstáculos estructurales. Esta es la principal conclusión de una investigación desarrollada por el profesor e investigador Guillermo Antuña, del parque científico y universitario TecnoCampus (Mataró), en colaboración con Angela Wigger, professora de la Universidad de Radboud (Países Bajos), en la que se analiza la evolución histórica de las capacidades industriales europeas desde la creación de la histórica CECA hasta la actualidad.
Según explica Antuña, la estrategia europea para volver a situar la siderurgia como un sector estratégico en el marco de la reindustrialización colisiona con los problemas estructurales de fondo: “Estamos intentando activar la reindustrialización dentro del mismo marco legislativo, los mismos agentes y la misma estructura de proyectos que utilizamos para la desindustrialización de los años 80 y 90”.
Nuevas reglas para el mismo juego
La investigación muestra cómo el desmantelamiento progresivo del marco de la CECA a finales del siglo pasado supuso el abandono de la intervención directa y unificada sobre la industria pesada. Esta transformación conllevó que la política siderúrgica quedase fragmentada entre múltiples organismos, además de la privatización de las grandes empresas públicas, que terminaron bajo el control de conglomerados multinacionales globales como ArcelorMittal, ThyssenKrupp o Tata.
Esta pérdida de control ha generado una parálisis en la capacidad de respuesta europea frente a la presión exterior y la entrada de acero barato procedente de nuevos competidores en el mercado mundial, fundamentalmente China, pero también India o Turquía. “Ni tenemos las herramientas ni tenemos las empresas, y encima los intereses son diferentes. En su momento se cambiaron las reglas del juego y ahora están intentando volver a jugar al mismo juego de antes pero con reglas distintas, y eso es lo que no se puede hacer”, señala el docente del TecnoCampus.
Intereses públicos y privados
El conflicto resulta especialmente evidente en el despliegue del acero verde y los planes de transición ecológica de la industria pesada. En la actualidad, las instituciones europeas están movilizando capital público y asumiendo los riesgos financieros con el objetivo de que las corporaciones privadas ejecuten las inversiones necesarias para esta transición. Sin embargo, los planes no avanzan al ritmo previsto porque los grupos multinacionales no ven garantizada la rentabilidad futura de esta apuesta en el mercado internacional.
“Se ha generado un modelo en el que Europa asume los riesgos y el desempleo derivado de la descarbonización con fondos públicos, mientras que el control efectivo y los beneficios se quedan en manos privadas”, advierte Antuña. Ante esta situación, las intervenciones muy puntuales y directas sobre la propiedad llevadas a cabo en la UE, como puede ser el rescate estatal de la siderurgia en Taranto por parte del gobierno italiano, se ven como medidas temporales de contención para mantener la planta activa antes de volver a venderla al sector privado, en lugar de responder a una política industrial pública estructurada a largo plazo.
Un proyecto de investigación en desarrollo
Como vía para desbloquear esta situación, el estudio subraya la necesidad de volver a unificar los mecanismos de política industrial del sector, hoy muy dispersos entre distintos organismos y programas. Asimismo, el trabajo invita también al debate sobre la recuperación de la capacidad pública de producción, puesto que hoy resulta inviable alinear los objetivos estratégicos comunitarios con la lógica corporativa mientras la infraestructura necesaria está bajo el control exclusivo de conglomerados globales.
El trabajo, titulado “From Liberalization to De-risking: The Limits of European Steel Policy”, se ha presentado en el World Congress of Business History en Toronto y formar parte de la primera fase de un proyecto académico más amplio en el que participan cuatro universidades europeas.
Esta iniciativa profundizará en la economía política de la reindustrialización en Europa, y analizará de forma simultánea el impacto social y laboral de la transición ecológica en el continente, con especial foco en la evolución del empleo industrial y en sus derivadas sobre los sistemas públicos de pensiones.
