Vox no quiere que los cambios introducidos este verano en la Inspección Educativa para luchar contra un supuesto adoctrinamiento en las aulas valencianas queden en saco roto. El grupo parlamentario de derecha extrema ha presentado una propuesta de resolución al Debate de Política General en la que pide “impulsar el funcionamiento del canal autonómico de denuncias y reclamaciones educativas, accesible, sencillo y confidencial, aprobado en los Presupuestos 2026”.
La formación que lidera en las Corts José María Llanos reclama reforzar a la Inspección Educativa de la Generalitat, de acuerdo con lo aprobado en las cuentas de 2026, “incrementando sus medios humanos y materiales al objeto de dotarla de capacidad suficiente para supervisar eficazmente el cumplimiento de la normativa educativa, la calidad de la enseñanza, la convivencia y la neutralidad ideológica de los centros”.
Además, quieren que se garantice que las denuncias que reciban los centros educativos sean trasladadas a la Inspección para ”su investigación y que las familias reciban una respuesta motivada en un plazo razonable, estableciendo mecanismos de seguimiento de los expedientes”. De la propia petición se sugiere que este procedimiento de denuncias está pensado, básicamente, para que padres que entienden que se está adoctrinando a sus hijos e hijas denuncien a sus profesores. Aunque también cabe la posibilidad de que los docentes se denuncien entre sí.
Vox pide que las familias reciban una respuesta motivada en un plazo razonable de sus denuncias
En su propuesta, Vox reclama también que se aprueben protocolos específicos de actuación de la Inspección Educativa “ante denuncias relacionadas con la neutralidad ideológica, la utilización de materiales no autorizados, la realización de actividades de carácter político o partidista y la vulneración de los derechos reconocidos a los padres”.
Asimismo, exige que se publique anualmente un informe sobre las actuaciones realizadas por la Inspección Educativa en materia de convivencia, protección de los alumnos, neutralidad ideológica y derechos de las familias, preservando en todo caso los datos personales de los afectados. Una forma de evaluar la medida.
Los cambios en la Inspección Educativa han provocado mucha polémica y malestar en los docentes, ya movilizados contra la gestión educativa del gobierno valenciano, pues presuponen una mala praxis por parte de los profesores y los ponen en el punto de mira de las familias. Tanto la izquierda como los sindicatos han bautizado esta medida como la policía educativa del Consell.
