La polémica por el uso de un bote de gas pimienta en el Congreso ha dado un nuevo paso este martes. La Mesa de la Cámara Baja ha acordado, con los votos a favor de la mayoría progresista y el rechazo del PP, abrir un expediente sancionador a la diputada Ana Vázquez en virtud del artículo 101 del reglamento de la Cámara, el precepto invocado por la presidenta, Francina Armengol, en el pleno del pasado miércoles por la exhibición del pulverizador desde su escaño.
La diputada dispondrá ahora de un plazo de diez días para formular sus alegaciones. Una vez estudiadas, la Mesa podrá plantear, en su caso, una propuesta de suspensión temporal de empleo y sueldo, una de las sanciones previstas en ese mismo artículo.
La eventual propuesta de suspensión tendría que ser aprobada posteriormente por el Pleno del Congreso por mayoría simple y en sesión secreta.
La decisión de la Mesa cuenta con el aval de los letrados de la Cámara, que aprecian motivos suficientes para sancionar a la diputada del PP. La clave de su informe está en la consideración del objeto que llevó al hemiciclo. Los servicios jurídicos sostienen que un bote de gas pimienta como el que portó Vázquez “no puede sino ser considerado como un arma” a efectos del Reglamento del Congreso. Y el artículo 101 contempla expresamente la posibilidad de suspender temporalmente a un diputado por razones de disciplina parlamentaria, entre ellas, precisamente, portar armas dentro del recinto.
La interpretación de los letrados va incluso más allá. El Reglamento, señalan, no condiciona la existencia de la infracción a que el arma haya sido utilizada, exhibida como una amenaza o haya provocado algún daño. Tampoco exige que las personas presentes hayan sentido miedo. La conducta que sanciona el precepto es, sencillamente, la de “portar armas”, con independencia de que se haga de forma pública o no y del uso que posteriormente se dé al objeto.
Esta consideración resulta especialmente relevante en el caso de Vázquez porque el incidente no terminó cuando la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le ordenó abandonar el hemiciclo. La diputada había mostrado el bote durante su pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para denunciar la situación de inseguridad en Ceuta. Armengol consideró que estaba exhibiendo un arma y le exigió que saliera del Salón de Plenos y entregara el spray a la Policía.
A partir de ahí comenzó una segunda parte del episodio que complicaría todavía más la situación. Según admitió Vázquez después de ofrecer inicialmente versiones que resultaron ser falsas, la diputada entregó el bote a un trabajador del PP, que lo trasladó a unos baños de uno de los edificios de ampliación del Congreso. Allí fue manipulado mientras, según la explicación ofrecida entonces, se intentaba limpiarlo. El pulverizador terminó activándose hasta tres veces y el gas se propagó por los conductos de ventilación, obligando a precintar varias dependencias de la Cámara.
El balance que recoge ahora el informe de los letrados permite dimensionar las consecuencias del incidente. Hasta quince personas fueron atendidas por el gabinete médico del Congreso. A ellas se suma una trabajadora del servicio de restauración, que tuvo que ser evaluada y tratada posteriormente por los servicios médicos de su mutua. El episodio llegó además a los tribunales después de que tres personas presentaran una denuncia.
Entre los afectados se encontraba también una integrante de la delegación del Parlamento de Mauritania que se encontraba de visita en la Cámara y que presentó un cuadro de irritación y vómitos. La propagación del gas obligó además a cerrar temporalmente uno de los restaurantes del Congreso. La empresa contratista de restauración ha cifrado en algo más de 800 euros el perjuicio ocasionado por el cierre.
El relato de los letrados, elaborado a partir de las grabaciones de seguridad de la Cámara, incorpora además un detalle que adquiere ahora especial relevancia. Vázquez continuó teniendo el spray en su poder después de haber abandonado el hemiciclo. Hacia las once de la mañana, aproximadamente una hora y cuarto después de que Armengol le ordenara salir del Pleno, la diputada seguía mostrando el bote durante unas declaraciones a los medios. Al conocerlo, la presidenta dio instrucciones a la Policía para que se lo requisara. No fue hasta las 12.15 horas cuando Vázquez lo entregó finalmente en la comisaría del Congreso.
El caso carece de un precedente claro en la etapa constitucional. Los servicios jurídicos no encuentran otro episodio en el que un diputado haya llevado un arma al hemiciclo y haya tenido que ser expulsado por ello. De ahí que el informe ponga especial énfasis en la necesidad de motivar y graduar cualquier eventual sanción.
