El Gobierno ha encontrado una salida al último escollo de la negociación sobre vivienda. PSOE y Sumar han acordado in extremis repartir las medidas en dos reales decretos que el Consejo de Ministros aprobará este martes. La fórmula permite al Ejecutivo separar las iniciativas consideradas más urgentes de aquellas que afrontan mayores dificultades para reunir los apoyos necesarios en el Congreso. El acuerdo llega después de una larga noche de conversaciones entre los dos socios y de que el cónclave ministerial comenzara con una hora de retraso.
En el primero de los decretos, el que contaría con el apoyo de todos los socios de investidura, se incluye la prohibición de desahucios hasta el 2030, la regulación de alquiler de temporada y de habitaciones; la prohibición de la compra de fondos de inversión hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones.
En el segundo decreto el Gobierno contempla la renovación automática de los alquileres, lo que, en la práctica, supondría una congelación inmediata de los precios. Sin embargo, esta cuestión sólo cuenta con el visto bueno de los socios de izquierda.
El Gobierno ha solicitado un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados este mismo viernes para someter a convalidación ambos reales decreto-ley.
Con todo, ahora queda en un limbo la posición de Junts, cuyos siete diputados son clave para validar estas medidas. El primer decreto podrían apoyarlo, pero el segundo no. La formación posconvergente aún no tiene el detalle de los dos redactados y evita decir qué hará mientras no haya analizado los dos textos, si bien, en paralelo a la negociación sobre la bocina su portavoz en Madrid, Miriam Nogueras, exigía retirar la modificación de 34 artículos de la ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y que modificar la ley de Enjuiciamiento Civil para que la Administración sufrague los impagos en los casos de vulnerabilidad. Sin esos cambios, la formación de Carles Puigdemont amenaza con descolgarse del acuerdo total.
En cualquier caso, la división del paquete en dos normas se había puesto sobre la mesa durante las negociaciones precisamente para facilitar su recorrido parlamentario. El Ejecutivo pretende así que las medidas que cuentan con más apoyos puedan salir adelante sin quedar bloqueadas por aquellas que generan más resistencia entre los grupos de la mayoría de investidura.
Los dos reales decretos tendrán que superar ahora la convalidación del Congreso, para la que el Gobierno todavía no cuenta con todos los apoyos necesarios. “Hay margen para la esperanza”, ha declarado el portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez, minutos después de conocerse el acuerdo. El diputado de Compromís ha introducido, no obstante, una cautela sobre el alcance del pacto: “No tendremos problema cuando tengamos el texto responder a preguntas concretas, pero no conocemos el texto definitivo en este momento”.
Una hora de retraso
Fuentes de Moncloa y de Sumar han confirmado el acuerdo sin concretar todavía el contenido de las medidas. Ambas partes sostienen que el paquete responde a las demandas de la ciudadanía y permitirá “avanzar en derechos”, mientras que los detalles se conocerán en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que encabeza el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El acuerdo llega después de que los ministros de ambos partidos apuraran hasta el último momento las conversaciones en La Moncloa. La negociación había encallado en las últimas horas por las diferencias sobre algunas de las medidas reclamadas por Sumar, entre ellas la congelación de los precios de los alquileres. El socio minoritario defendía que el momento para aprobar las medidas más ambiciosas era precisamente este martes y reclamaba que el decreto saliera adelante aunque posteriormente pudiera decaer en el Congreso por falta de apoyos.
“Es el momento de ser valientes”, habían insistido durante la mañana fuentes de Sumar, que consideraban que la presión política generada por el caso de Maricarmen y el debate sobre la vivienda ofrecían una oportunidad que no debía dejarse pasar.
La negociación llegó a tal punto de tensión que Sumar había amenazado con no participar en la reunión del Consejo de Ministros si el PSOE no aceptaba una serie de medidas que consideraba imprescindibles. El socio minoritario trasladó anoche al PSOE un nuevo borrador en el que reclamaba, entre otras cuestiones, regular el alquiler de habitaciones, establecer la renovación automática de los contratos y reforzar la protección frente a los desahucios.
El alcance concreto de las cesiones de cada socio todavía no se ha hecho público. Durante la negociación, Sumar reclamaba además regular el alquiler de habitaciones, establecer la renovación automática de los contratos y reforzar la protección frente a los desahucios. El espacio plurinacional sostenía que durante la noche había conseguido incorporar al borrador la congelación de precios y la prórroga de los contratos de alquiler que finalicen antes de 2029, pero consideraba incompleto el acuerdo mientras no se cerrasen el resto de medidas.
La regulación de las habitaciones había sido otro de los puntos de fricción. Sumar considera que dejar este mercado al margen permitiría desplazar hacia él parte de la presión sobre los precios de la vivienda. “Dejar las habitaciones fuera es dejar abierta la puerta a la especulación y a la extrema derecha. El PSOE debe moverse”, habían advertido fuentes del partido.
Durante los últimos días, PSOE y Sumar han intercambiado sucesivos borradores y han mantenido también contactos con otros grupos parlamentarios para conocer su posición ante las distintas medidas. A la dificultad para cerrar el acuerdo dentro del Gobierno se añade ahora la incertidumbre sobre su recorrido parlamentario. Junts ha amenazado con descolgarse después de acusar al Ejecutivo de haberse alejado del pacto alcanzado durante los últimos días. “Lo que nos llega es que hay un veto de los socios, de Sumar, que no acepta la protección al pequeño propietario”, ha señalado la portavoz de JxCat en el Congreso, Miriam Nogueras, en declaraciones a TVE.
La dirigente posconvergente ha asegurado que la negociación iba bien hasta que “se incluyó ayer por la tarde la parte de desprotección del pequeño propietario”. “No es lo mismo tener dos propiedades que edificios enteros. Aquí meten a todos en el mismo saco”, ha agregado Nogueras. La portavoz de Junts reclama que la Administración asuma los impagos en casos de vulnerabilidad y ha rechazado que se equipare a quienes han invertido sus ahorros en una vivienda con los grandes fondos. “Sumar prefiere dejar a la intemperie al pequeño propietario”, ha concluido.
Junts también cuestiona que el real decreto modifique 34 artículos de la ley de Arrendamientos Urbanos sin participación parlamentaria, cuando existe una iniciativa legislativa en tramitación sobre esta misma materia en la que participan todos los grupos. Por ello, la formación posconvergente reclama retirar lo que considera una reforma encubierta de la ley o, en su defecto, excluir a Catalunya de su aplicación.
La tercera objeción afecta a la ocupación. Junts sostiene que el texto “vuelve a dar por buenas las ocupaciones” y exige modificar el artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que la Administración pague los impagos en los casos de vulnerabilidad en que se paraliza el desahucio.
