Catalunya tiene una economía grande y dinámica. La cifra de su PIB, del orden del de Finlandia, Dinamarca, Chequia o Portugal, cuenta con una magnitud coherente con la idea de Jordi Pujol de hace años (1988) de encuadrarla en el bloque de los “cuatro motores para Europa”, junto con Lombardía, Baden-Württemberg y Ródano-Alpes. Pero la dimensión económica actual presenta puntos oscuros como el estancamiento del PIB per cápita y el empobrecimiento con respecto a la UE.
En Catalunya existe un desequilibrio evidente entre capacidad empresarial y capacidad demográfica, que de hace muchos años está bajo mínimos por la baja natalidad y el crecimiento continuado del número de catalanes que se van al extranjero. En este siglo el desequilibrio en cuestión se ha visto acentuado por la enorme oferta de puestos de trabajo de salarios bajos y baja productividad que no atrae la población local. El resultado es el descuadre entre capacidad económica y capacidad demográfica, que se ha resuelto a base de inmigración de fuera de la UE gracias a una política inmigratoria española de puertas abiertas. Desde el 2000 la población ha crecido más de un 30% (seis veces el aumento de la UE-27).
Crecimiento
La grave contradicción de Catalunya: generar más renta pero peores servicios públicos y condiciones de vida
La inmigración ha resuelto el problema empresarial de mano de obra, pero ha intensificado otro estructural difícil de resolver. No nos engañemos, la capacidad económica del país es muy superior a la capacidad de las finanzas públicas, de las infraestructuras y de los servicios públicos. Mientras la empresa resuelve una falta de puestos de trabajo en un día, la escuela, el hospital, el CAP, las autopistas, Rodalies, la vivienda… necesitan años y décadas para adaptarse a la nueva situación, con el agravante del enorme déficit fiscal catalán con el Estado.
La inmigración no explica el problema crónico y creciente de desajuste entre economía y demografía, sencillamente es una pieza más del desequilibrio entre economía, población, fiscalidad y capacidad institucional. Se produce una asimetría peligrosa entre necesidades y recursos, que lleva a un deterioro de los servicios públicos y a un empeoramiento palpable del Estado de bienestar. La factura del crecimiento, pues, ya se sabe quién la paga, eso sin hablar, por ejemplo, de la presión sobre el territorio, la crisis de la vivienda o la presencia de sectores productivos subvencionados.
Catalunya tendría que afrontar la grave contradicción que existe entre generar más renta pero peores servicios públicos y condiciones de vida. La demanda aumenta más deprisa que la oferta. Seguramente la IA corregirá mucho las necesidades de personal, pero mientras tanto la Generalitat y los ayuntamientos deberán pensar en qué volumen de población puede sostener
el país con una determinada calidad de servicios, de vivienda, de infraestructuras, de territorio, de agua, de electricidad… y qué recursos necesita para hacerlo, en vez de seguir alimentado ciegamente el crecer para crecer.
