La patronal ya se ha pronunciado oficialmente sobre la convocatoria de la huelga general anunciada ayer por los sindicatos. La considera “inadmisible” porque se pretende trasladar a las empresas el coste de una medida de presión que busca provocar cambios legislativos y presupuestarios en materia de vivienda; y duda que tenga encaje jurídico, según ha indicado la CEOE en un comunicado esta mañana.
Antes de la convocatoria de la huelga, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ya había declarado que un paro general por la vivienda no es legal, que las huelgas solo las pueden convocar los sindicatos por motivos laborales. Y esta mañana ha insistido en la idea al afirmar que tiene un “claro componente político y electoral”, para añadir que “es indudable que es una huelga política y lo del término ilegal hay que decirlo el día que veamos la convocatoria real. Pero todo indica y parece que es ilegal”. Lo ha dicho en declaraciones a Onca Cero y Antena 3, subrayando también que los sindicatos han tenido que buscar “el encaje por donde meten lo laboral”.
La patronal insiste en la idea de que la huelga se escapa del ámbito del trabajo porque va dirigida a temas que quedan al margen de la gestión de las empresas. Insiste además en que, en un momento en que los ciudadanos están convocados a las urnas para pronunciarse sobre estas cuestiones en las urnas el 29 de noviembre, resulta difícilmente justificable utilizar la actividad de las empresas y de sus trabajadores como tablero para “influir en el devenir de un proceso que debería afrontarse desde el sosiego y la normalidad democrática”.
En todo caso, es una primera valoración y no definitiva. La propia CEOE apunta que, con la información conocida hasta el momento, no se puede formular una posición final, porque la convocatoria está pendiente de ratificación, no tiene fecha y no constituye todavía el preaviso formal exigido legalmente.
Ayer, en el anuncio de la convocatoria de la huelga, CC.OO. y UGT no señalan solo la vivienda como el objetivo de la movilización, sino que dibujan un margen más amplio. Señalan “el derecho a la vivienda y los salarios dignos para pagarla”, y en este sentido, recuerdan sus propuestas en el marco de la futura negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que se centra en subidas de entre el 4% y el 7%, cláusulas de revisión salarial y cláusula para facilitar el acceso a la vivienda.
