La Administración de Donald Trump ha elevado este jueves su estrategia legal para tratar de restringir y desacreditar el voto por correo, que considera una fuente de fraude generalizado, a pesar de que no hay pruebas de ello. El Departamento de Justicia ha demandado al estado de California y a un funcionario del condado de Los Ángeles porque considera que 20.000 inmigrantes podrían haber recibido papeletas para votar por correo de manera ilegal.
El objetivo declarado es que la justicia impida el recuento de sus votos, algo improbable a falta de tan solo dos semanas para las elecciones legislativas. Pero eso no importa: la denuncia abre un nuevo frente en la batalla de la ultraderecha por hacer creer al pueblo que el voto por correo no es fiable, un argumento que ya utilizó Trump en los comicios del 2016, el 2018, el 2020, el 2022 y el 2024.
El Departamento de Seguridad Nacional dice haber contabilizado a 20.000 personas residentes en California a las que ha identificado como “probablemente no ciudadanas”. En la demanda, el Departamento de Justicia pide que se bloquee el recuento hasta que se pueda determinar el estatus de su ciudadanía. Aunque la demanda prospere, es improbable que tenga un efecto determinante en los resultados en California, un bastión demócrata, pero podría crear precedente para demandas similares en otros estados más competitivos.
Trump lleva meses tratando de impulsar la narrativa de que cientos de miles de personas votan ilegalmente de forma sistemática en todos los comicios con la connivencia de los demócratas. Sin embargo, las investigaciones de las autoridades electorales, organizaciones independientes y la justicia han detectado un porcentaje ínfimo cada vez que se ha investigado. De hecho, según un estudio del Centro Brennan para la Justicia, el fraude de voto por parte de inmigrantes no naturalizados equivale al 0,0001% del total de los sufragios.
“Este es un triste y desesperado intento de Trump de utilizar su politizado Departamento de Justicia para tratar de privar del derecho al voto a los electores de California a solo tres semanas de las elecciones”, ha reaccionado a través de las redes sociales el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom. “Los tribunales han dejado claro que el Gobierno federal no tiene ningún papel en la organización de las elecciones estatales”.
Gavin Newsom, gobernador de California
“Este es un triste y desesperado intento de Trump de privar del derecho al voto a los electores de California a tres semanas de las elecciones”
La Casa Blanca está empeñada en tomar el control de las elecciones de EE.UU., a pesar de que a nivel constitucional estas deben ser administradas y supervisadas por las autoridades estatales y locales. En agosto, la justicia bloqueó por segunda vez una orden ejecutiva de Trump que busca transformar la manera en la que se administra el voto por correo. La magistrada Indira Talwani dictaminó que el presidente había invadido competencias que la Constitución reserva a los estados.
Según el texto de aquel decreto, el Departamento de Seguridad Nacional debía elaborar, con la colaboración estatal, listas de ciudadanos considerados elegibles para votar en elecciones federales. La orden establecía que el servicio postal debía entregar papeletas únicamente a los votantes que figurasen en las listas aprobadas. De este modo, si un estado no proporcionaba la lista correspondiente, o una persona no aparecía en ella, la papeleta podría no ser entregada.
Además, a principios de año, el Departamento de Justicia presionó a los responsables electorales estatales al enviarles cartas en las que les advertían que podrían ser procesados si no adoptaban medidas suficientes para eliminar de los registros a los votantes que no fueran ciudadanos. Recientemente, enviaron a los responsables electorales del condado de Los Ángeles una memoria USB con los nombres de 20.000 personas de las que sospechaban que podrían ser extranjeros registrados para votar, y exigieron su actuación en un plazo de 48 horas.
La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, reaccionó indignada, afirmando que los datos que habían recibido carecían “tanto del nivel de detalle como de la utilidad necesaria para servir a cualquier propósito de investigación”. Además, según dijo, el Gobierno federal no aclaró “en ningún momento los motivos de las sospechas de que las personas incluidas en la lista no sean ciudadanos estadounidenses”.
