En medio de las protestas por la crisis de la vivienda tras el desahucio y fallecimiento de Maricarmen Abascal, los datos consolidan una tendencia a la baja en los lanzamientos por impago del alquiler. Según las cifras publicadas este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), estos procedimientos descendieron un 59% interanual en el primer semestre del año, hasta los 4.499 lanzamientos. El descenso recoge efectos por la salida de la pandemia, la entrada en vigor de la obligación de negociar de manera extrajudicial las demandas civiles antes de acudir a la justicia o las tendencias propias del mercado.
Las cifras no se corresponden en su totalidad con viviendas, ya que la estadística agrupa bienes inmuebles –viviendas, fincas, locales, trasteros…– y no se desglosa por tipología. En todo caso, protagonizan una parte relevante. Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana señalan que en la anterior crisis de vivienda, al estallar la burbuja y los años posteriores, se acabó con muchos desahucios y ahora, “aunque haya una crisis de acceso, hay menos casos que acaben en desahucio judicial”. Aquí se destaca el escudo social activado en la pandemia, que dio mayor protección en casos de vulnerabilidad sin alternativa habitacional y estuvo activo casi hasta marzo. A modo de comparativa, antes de la pandemia se tocaban los 20.000 procedimientos semestrales –ver gráfico–, cifra que ha caído notablemente en los años siguientes. Si bien siguen dándose casos dramáticos como el de Maricarmen, o el de Olga, vecina de L’Hospitalet que se suicidó en septiembre tras perder su hogar, se está en mínimos de la serie histórica del CGPJ, que se remonta al 2013.
os esfuerzos del Gobierno por prolongar el escudo este año, incluidos los movimientos previos a la convocatoria de elecciones, no salieron adelante, pero la falta de protección durante varios meses no ha provocado un incremento de los desahucios. Arantxa Goenaga, abogada especializada en derecho inmobiliario y profesora de Esade y la UOC, señala que en la caída influyen factores como la entrada en vigor en el 2025 de la ley que obliga a una negociación extrajudicial en demandas civiles, lo que puede hacer que se llegue a un acuerdo entre propietarios e inquilinos antes de ir al juzgado; o la normalización de procedimientos suspendidos durante la pandemia, que luego provocaron un incremento en los semestres siguientes. Asimismo, señala que al alargarse los procesos por la saturación de los juzgados los propietarios se abren a llegar a acuerdos con los inquilinos. Otro punto que han ido mencionando economistas que siguen el sector es que los inquilinos actuales cuentan con mejores condiciones que en el pasado, al revisar los caseros con más detalle los requisitos y exigir mejores perfiles tras las regulaciones en materia de vivienda que se han dado los últimos años. Así, más solventes, no dan pie a tantos litigios.
El descenso es generalizado en todas las autonomías. Catalunya se mantiene como la comunidad donde más desahucios por el alquiler se producen. Hasta junio sumó 945 procedimientos, con una caída cercana al 70%. Pese a la fuerte contracción, todavía concentra uno de cada cinco desahucios a nivel nacional. La mayor litigiosidad por unas normas más restrictivas para el propietario está detrás del liderazgo, cree Goenaga. Le sigue la Comunidad Valenciana con 874 procesos, un 25% menos que en el mismo periodo del año pasado. Madrid queda muy atrás, con 219. Para reflejar mejor la incidencia, el Poder Judicial recoge los desahucios por cada 100.000 habitantes. En este caso, en el segundo trimestre Baleares tuvo una mayor incidencia (8,3 desahucios por cada 100.000 habitantes), por los 7,4 del País Vasco o los 6,7 de la Comunidad Valenciana. En Catalunya fueron 5,6 y en Madrid 1,6, la más baja.
La estadística detalla también la cifra de desahucios frenados. En el primer semestre, por vía civil se suspendieron casi 1.000 lanzamientos dentro de los procedimientos “por especial vulnerabilidad”. A inicios de mes el Gobierno intentó sacar adelante dos decretos sobre vivienda, tumbados en el Congreso y cuyas medidas ha reflotado en parte a través del Consejo de Ministros. A la espera de su convalidación en la Diputación Permanente, incluye la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional que había decaído a inicios de año.
Otro frente de impagos está en las hipotecas. La tendencia también es a la baja: los casos se redujeron un 14% hasta junio, con 2.080. Andalucía es donde más se practicaron, con 455 en el acumulado del ejercicio y una caída del 15%. Tras esta se situó Catalunya, con 426 procedimientos y una reducción del 27%. Nuevamente, se está lejos de las cifras registradas hace una década, como los 8.000 del primer semestre del 2019.
