Antonio Garamendi inicia su tercer mandato al frente de la CEOE con su equipo ya al completo. En la reunión de esta mañana de la junta directiva de la patronal, se han nombrado a los 11 vicepresidentes que le acompañarán, los mismos que ya ocupaban estos cargos, con la novedad de que el presidente de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, recuperará la función de relaciones con las Cortes, tal como ya adelantó “La Vanguardia”.
De esta manera, Garamendi recompensa el apoyo de Foment en las elecciones. Es un cargo que Sánchez Llibre no ha ocupado formalmente en los últimos cuatro años, aunque en la práctica ha seguido jugando un papel determinante en la relación con los grupos parlamentarios, especialmente con Junts. A partir de hoy recupera también formalmente esta función.
Garamendi también premia el apoyo de la patronal de Madrid (CEIM), manteniendo a su presidente, Miguel Garrido, como vicepresidente primero, que además dirigirá un grupo de trabajo sobre trabas administrativas y simplificación normativa.
Les acompañan en las vicepresidencias, Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme; Lorenzo Amor, presidente de ATA; Vicente Lafuente, presidente de los empresarios valencianos (CEV); Mirenchu del Valle, presidenta de Unespa; Julián Núñez, presidente de Seopan; Alejandra Kindelán, presidenta de AEB; Íñigo Fernández de Mesa y María Helena Antolín.
En el reparto de las comisiones, destaca una nueva función del presidente de ATA, Lorenzo Amor, y próximo a Garamendi, que presidirá la comisión de Seguridad Social. Por su parte, Josep Antoni Durán Lleida, exdiputado de CiU y actual presidente de Asedas, se encargará de la comisión de Competitividad, Comercio y Consumo; mientras que el presidente de Ametic, Josep Aracil, se encargará de la de Innovación. En la Junta Directiva también se ha acordado la nueva composición del Comité Ejecutivo.
Un nuevo equipo que tendrá como primera misión ver cómo aborda la huelga general, una convocatoria que la patronal ya ha calificado de ilegal y ha anunciado que iba a recurrirla. En la reunión de esta mañana, el debate ha llevado a tres conclusiones: que la convocatoria no es legal, que hay que respetar el derecho a trabajar y que se pedirán servicios mínimos.
El recurso legal tiene pocas opciones de prosperar, dado que UGT y CC.OO. han incorporado numerosas peticiones salariales al gran lema de la protesta, como es la crisis habitacional. Este lunes, los sindicatos registraron formalmente la convocatoria ante el Ministerio de Trabajo y están empezando a planificar los pasos previos a su realización.
