Los padres fundadores de la república estadounidense diseñaron un complejo sistema electoral concebido fundamentalmente para impedir el poder absoluto de sus dirigentes. Otorgaron poderes significativos al presidente, pero limitados por la acción de los tribunales de justicia y la del poder legislativo, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. Esta última asamblea, integrada por 435 miembros, se renueva en su totalidad cada dos años, de modo que en la práctica el país se encuentra en permanente campaña electoral. Más estabilidad presenta el Senado, compuesto por 100 miembros, cuyo mandato es de seis años y que se renueva por tercios cada dos años. Por su parte, las elecciones presidenciales se celebran cada cuatro años, en el primer martes de noviembre que no caiga en día 1. Para resumir, siempre que hay elecciones presidenciales hay también legislativas, pero no siempre que se celebran legislativas tocan también presidenciales.
En un país muy polarizado desde al menos los años noventa, este sistema ha producido una razonable y equitativa alternancia en el control de la Casa Blanca –26 años para los republicanos y 24 para los demócratas en el último medio siglo–, pero una frecuente y casi convulsa alternancia en el control del Congreso, agudizada en el presente siglo. Los cuatro presidentes norteamericanos del siglo XXI –George Bush júnior, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden– han sufrido la derrota de su partido en unas legislativas también llamadas de medio mandato, lo que no impidió a tres de ellos ser reelegidos.
Nada sugiere que Trump vaya a ser otro estos 27 meses pero ya no se hablará más de un tercer mandato
Dicho esto, las elecciones legislativas del 3 de noviembre concitaron un interés nacional e internacional sin precedentes debido a la agresiva acción de Gobierno del presidente Trump en estos primeros 21 meses de su segundo mandato, tan sustancialmente distinta a la llevada a cabo en su primer mandato (2017-2021). Visto lo visto, la disrupción trumpista ha provocado una masiva movilización del voto demócrata, que ha propiciado victorias en bastiones tradicionalmente republicanos como Texas, Kansas, Carolina del Sur o Iowa, en los que Trump se había impuesto cómodamente en las tres últimas elecciones presidenciales.
Las encuestas a pie de urna confirmaron a la inflación, ligada a la guerra con Irán y a la errática política arancelaria, como principal preocupación de los votantes, pero, significativamente, la corrupción figuraba en segundo lugar. En un país en el que enriquecerse no está mal visto socialmente, el masivo tráfico de influencias y utilización de información privilegiada llevados a cabo por Trump y su familia –se habla de un incremento patrimonial cercano a los 4.000 millones de dólares– es motivo comprensible de escándalo.
Ningún presidente del siglo XXI ha visto ganar a su partido en las legislativas de medio mandato
En definitiva, Trump nunca ha sido un presidente excesivamente popular. Peculiaridades del colegio electoral aparte, en su victoria ante Hillary Clinton del 2016 sacó unos tres millones de votos menos que su oponente, que se elevaron a siete millones de diferencia en su derrota sin paliativos del 2020 ante Joe Biden. Solo en los últimos comicios presidenciales, los del 2024, pudo por fin alzarse con una mayoría del voto popular, y obtuvo dos millones y medio de sufragios más que una candidata improvisada como Kamala Harris.
Trump también ha demostrado que con el suficiente arrojo e incorrección política se puede gobernar a golpe de órdenes ejecutivas, ninguneando al Congreso y a menudo al filo de la legalidad constitucional. Nada hace pensar que en los casi 27 meses que le restan vaya a cambiar significativamente de proceder, aunque con la oposición del poder legislativo pierde capacidad fiscal y autonomía para nombrar jueces y ministros. Al menos ya no se hablará más de la posibilidad de un tercer mandato de Trump, flagrantemente inconstitucional. La campaña presidencial del 2028 ha comenzado.
