El sindicato CCOO amenaza con una huelga en el transporte de mercancías por carretera para los próximos 23 y 24 de diciembre, dos de las jornadas de mayor actividad logística del año, para protestar por el retraso del Gobierno en la aprobación de los coeficientes reductores que permitirían adelantar la jubilación de los conductores profesionales sin penalización.
Las patronales CETM y Fenadismer han confirmado que han recibido del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) la comunicación previa a la convocatoria de los paros. CCOO, consultado por EFE, no ha confirmado todavía oficialmente las fechas y se remite a una rueda de prensa prevista para este lunes, en la que presentará su calendario de movilizaciones.
El conflicto no enfrenta en este caso a sindicatos y empresas. Las principales patronales del transporte comparten con CCOO y UGT la reclamación para aplicar coeficientes reductores a los conductores profesionales, pero consideran “injustificada y desproporcionada” la elección de unas fechas que pueden afectar directamente a las empresas y al abastecimiento en plena campaña navideña.
Patronales y sindicatos comparten la reclamación sobre la jubilación anticipada, pero discrepan sobre la convocatoria del paro
Fenadismer advierte de que un paro el 23 y 24 de diciembre podría causar un perjuicio “grave e innecesario” a la cadena de suministro y responsabiliza del bloqueo al Ministerio de Seguridad Social. La patronal sostiene que el departamento dispone desde julio de los informes necesarios para continuar la tramitación, pero que el adelanto electoral ha frenado la convocatoria de la comisión encargada de evaluar la solicitud.
CCOO también denuncia retrasos en esos informes y sostiene que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha paralizado su tramitación tras el anuncio electoral.
Sindicatos y patronales de los sectores del transporte de mercancías, viajeros y grúas autopropulsadas solicitaron conjuntamente en octubre del 2025 la aplicación de los coeficientes reductores. El acuerdo entre ambas partes era uno de los requisitos necesarios para que la Administración iniciara el procedimiento.
