
La ruta canaria de la inmigración ha puesto del revés el balance de entradas irregulares en España que el Gobierno central exhibía como éxito de su política migratoria. Aunque se trata de cifras que distorsionan el fenómeno migratorio, ya que la mayoría de inmigrantes que entran en el país lo hacen a través de aeropuertos, el propio presidente, Pedro Sánchez, defendía a principios de verano que su gestión “sin renunciar al control de fronteras” había hecho reducir en lo que iba de año un tercio las llegadas irregulares con respecto al 2025. Un 70% menos en Canarias. Ayer, el Ministerio del Interior publicó su último informe, que evidencia cómo la reactivación de la travesía atlántica, con un crecimiento del 65,9%, vuelve a colocar a España como punto caliente de las entradas –por la puerta de atrás– a Europa.
Hasta el 15 de noviembre se registró la entrada irregular en España de 44.238 personas, sin sumar las cifras del cruce masivo en Ceuta que Interior no computa pese a que la Guardia Civil contabilizó el retorno de 88.146 migrantes a Marruecos. En ese mismo periodo, el año pasado lo hicieron 31.742 personas, un 39,4% menos. Con la marítima como principal vía de acceso, suben las llegadas en patera a la Península un 11,59% y a Baleares un 9,10%, pero sobre todo se abre en canal la ruta canaria con 24.364 llegadas. A finales de junio, cuando el jefe del Gobierno defendió la regularización extraordinaria de inmigrantes con sus anteriores declaraciones habían arribado al archipiélago 3.708 migrantes.
Interior aboga por cambios en Frontex para permitir su presencia en países de origen como Senegal
No es imprescindible acudir a los balances del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para comprobar la presión migratoria que vive Canarias. Ayer, el puerto de La Restinga, en El Hierro, amanecía con decenas de inmigrantes durmiendo en el suelo ante la falta de espacio en los recursos de alojamiento de la isla a la que llegan la mayoría de cayucos que parten de Senegal y Gambia. De viernes a domingo se rescataron 23 cayucos con casi 4.000 personas a bordo. A marchas forzadas, se están trasladando en barco a otras islas para, posteriormente, ser derivados a la Península. Además, Canarias trabaja ya en la ampliación y apertura de nuevos centros de acogida de menores migrantes no acompañados. La comunidad autónoma acoge a 3.313 niños y adolescentes, cuatro veces por encima de su capacidad ordinaria, que esta está fijada en 782 plazas.
Con la crisis agravándose por momentos, esta mañana se reunirá la comisión interministerial de Migración, a la que asiste presencialmente el presidente canario, Fernando Clavijo. El líder autonómico exigirá al Gobierno a activar recursos desde Bruselas como la movilización de fondos de contingencia de la reserva de solidaridad o la intervención de la agencia europea de asilo, puesto que la mayoría de personas que están arribando a las islas son susceptibles de protección internacional. También pedirá el refuerzo de efectivos de Frontex. Algo que rechaza Interior, que considera que España no necesita involucrar a la agencia de fronteras europeas en tareas de vigilancia y salvamento en aguas de responsabilidad española.
El Gobierno, tal y como urgió ayer Grande-Marlaska al comisario de Interior y Migración Magnus Brunner, apuesta por modificar el reglamento de la agencia para que se facilite su actuación en el exterior de la UE. Es decir, que pueda participar en operaciones en países africanos de origen y tránsito, para abortar las salidas de precarias embarcaciones. Hay precedentes: se hizo con la misión Hera, decisiva para frenar la crisis de los cayucos en el 2006. El principal cometido es básico: que no se echen al mar para poner en juego –miles– de vidas.

