
La tramitación de la ley del Suelo en las Corts Valencianes está generando mucha polémica. Las prisas del PP (con el beneplácito de Vox) para aprobar cuanto antes esta nueva normativa, muy criticada por la oposición, han provocado importantes denuncias y cruce de acusaciones entre los distintos partidos. Después de que el PP convocara una Junta de Síndics para debatir, el día de la huelga general del 11-N, la enmienda a la totalidad, Compromís ha denunciado “una campaña de acoso” a su diputada Paula Espinosa por el hecho de no haber firmado “en 10 minutos” la ordenación de las enmiendas parciales para poder debatir la ley en comisión.
Los populares, por su parte, acusan a la parlamentaria y secretaria de la Comisión de Medio Ambiente de las Corts (cuya firma a las enmiendas presentadas es necesaria para poder convocar el debate en comisión) de “dejación de funciones” e incluso han propuesto a la presidenta de las Corts, Llanos Massó (de Vox), que le quite temporalmente sus competencias.
En un escrito que la máxima representante del Parlamento valenciano se ha comprometido a estudiar, el grupo parlamentario popular propone que Llanos Massó dicte una resolución que permita suplir a quien ocupe la secretaría de la Mesa de una comisión cuando “manifiestamente no ejerza sus funciones”, de forma que las actuaciones de tramitación y documentación de la comisión las ejerza quien ocupe la vicepresidencia.
Compromís denuncia que, incluso antes de acabar el pleno de la semana pasada, donde se votaron las enmiendas a la totalidad de la ley del Suelo, una diputada del PP apremió a Espinosa a firmar las enmiendas con el objetivo poder convocar enseguida la comisión. Un paso previo a la aprobación definitiva de la ley en el pleno. De hecho, los populares llegaron a presentar por registro de entrada un requerimiento para forzarle a hacerlo.
Es en esta cuestión donde se abre una nueva polémica pues Compromís denuncia que este escrito “podría haber sido manipulado” para presionar aún más a su parlamentaria. De hecho, advierten que hay números de registro que no cuadran y que la coalición pide que los servicios de la Cámara aclaren. Una denuncia que ha sido usada por el síndic del PP, Nando Pastor, para afear a Compromís que ponga en duda el trabajo de “los funcionarios de la casa”, aunque la denuncia de Compromís no va contra ellos, sino contra las sospechas de que el PP podría haber modificado documentación oficial.
“Algo huele a podrido en la tramitación de la Ley del Suelo. El PP está tan obsesionado con sacar adelante esta norma que está dispuesto a saltarse los procedimientos parlamentarios más básicos. Y ahora nos encontramos con documentos oficiales que presentan manipulaciones muy graves y que exigimos que se aclaren inmediatamente”, ha denunciado esta mañana su síndic Joan Baldoví.
Compromís dice que “algo huele a podrido”, el PP defiende que la ley es una prioridad y el PSPV si el president tiene “interés personal”
Por su parte, Pastor ha replicado y censurado las maniobras de Compromís para retrasar la tramitación de la norma, utilizando un cargo institucional para bloquear un procedimiento reglado. Ha argumentado que las enmiendas estaban ordenadas por los servicios de la Cámara y que la secretaria de la Comisión, del citado grupo parlamentario, tenía que firmar la diligencia correspondiente. El problema es que el reglamento de las Corts no da un tiempo para que se haga este trámite ordinario y para el PP, al contrario que para la izquierda, la aprobación de esta ley es prioritaria. “Soy un firme convencido de que la ley del Suelo es muy buena. Yo sé que a ellos les pesa, yo sé que les duele que este Consell haga viviendas, pero, por lo menos, lo que podrían hacer es ponerse de lado y dejar que las cosas funcionen”, ha señalado Pastor.
En el otro lado, el síndic del PSPV, José Múñoz, también ha intervenido en la polémica y ha instado al president de la Generalitat, Juanfrán Pérez Llorca, a aclarar si la prisa por aprobar la ley del Suelo responde “a un interés personal”. Muñoz ha denunciado que hasta el Ayuntamiento de València ha alertado de la “finalidad especulativa” de esta norma depredadora del territorio.

