El sindicato CC.OO. pide que rueden cabezas entre los mandos policiales por la actuación que tuvieron las fuerzas del orden en Madrid durante la huelga del 11-N, tanto en los choques con los piquetes por la mañana como en las cargas durante la manifestación de la tarde. “Exigimos que se explique quién y por qué tomó las decisiones en la manifestación de Madrid en cada momento. Que se establezcan responsabilidades. Que rueden cabezas en el mando policial. Y si no hay respuesta, la responsabilidad será del Ministerio del Interior y del ministro Marlaska”, ha afirmado el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, al anunciar las medidas que van a tomar.
“Pedimos responsabilidades, cabezas o dimisiones”, ha añadido Sordo, que mantiene que no hubo ninguna potencial provocación que pudiera dar lugar a la actuación policial, y añade que la impresión que tienen es que se pretendía que “la foto icónica de la manifestación fueran los disturbios en la Gran Vía de Madrid”.
Es una petición al Ministerio del Interior que va acompañada también de una serie de recursos judiciales. Por un lado, acudirán a la jurisdicción contencioso-administrativa para denunciar los que consideran una vulneración de derechos fundamentales, con el objetivo de que el juez dictamine si se vulneró el derecho de huelga.
Y por otro lado, denunciarán por injurias a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En concreto, el sindicato pedirá el procedimiento previo de conciliación que la legislación exige antes de presentar una querella por injurias para que se examine si estas declaraciones suponen un delito de odio.
Es una referencia a las declaraciones de Ayuso en los días previos a la huelga general, en las que calificó a los sindicatos de “basura sindical” y “mafia”. “No hablamos de crítica política, sino de expresiones ofensivas e insultantes… de vincular a los sindicatos con el terror”, ha afirmado la secretaria general de CC.OO. de Madrid, Paloma López.
El argumento de los sindicatos para criticar la actuación policial es que el 11-N se manifestaron miles de personas sin que se registrara ninguna actuación violenta por su parte, y que cuando estaba a punto de concluir la marcha, se produjo una carga policial “injustificada y violenta que puso en riesgo a miles de ciudadanos”. Una carga que consideran desproporcionada y por la que piden que responda el Ministerio del Interior.
Alegan además que hay muchas pruebas documentales tanto del comportamiento pacífico de los manifestantes como de la actuación desproporcionada de las fuerzas del orden. Se refieren tanto a la actuación contra los piquetes, con las cargas policiales que se produjeron en Mercamadrid y las cocheras de transporte público donde se utilizó el gas pimienta, como a la manifestación en el centro de Madrid.
