Las ofertas del Black Friday esconden en su mayoría “rebajas falsas o engañosas”, según la monitorización del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 realizada entre el 23 de septiembre y el 20 de diciembre del 2023, la campaña previa de la fiesta comercial de este viernes.
El ministerio dirigido por Pablo Bustinduy monitorizó más de 800 productos en 19 comercializadoras y detectó que un 70% de las rebajas en operadores de comercio electrónico no eran reales.
Entre otras irregularidades, se vieron prácticas como “manipular y elevar el precio de un producto días antes de aplicar las rebajas”, “usar cupones y códigos para simular rebajas falsas”, “incitar a la compra impulsiva con ofertas supuestamente limitadas” y “no comparar el precio rebajado con el de referencia”, según ha explicado en una nota este viernes.
Consumo recuerda que el precio de referencia, sobre el que se indica el descuento, debe ser el más bajo de los últimos 30 días, algo que se incumplió en 7 de cada 10 casos. Los vendedores subían precios días antes del periodo de rebajas para luego bajarlos y etiquetarlos como “ofertados o descontados”, se informa. En ese sentido, también se usan cupones de descuento para acceder a ofertas en bienes previamente encarecidos.
La sensación de urgencia que se da en algunos casos para llevar a una compra impulsiva también es engañosa. Reclamos como un “solo por hoy” u “oferta válida las siguientes 24 horas” se mantenían pasado ese plazo.
Consumo censura asimismo utilizar referencias como “precio de venta al público o precio recomendado” para hacer comparaciones sin usar el precio de referencia, “dando la impresión de ser reducciones de precio cuando en realidad no lo son” y contraponiendo precios diferentes, cuyo cálculo se desconoce.
Sanciones a las compañías
A través de estas prácticas, “las ofertas se anunciaban como transacciones más ventajosas de lo que realmente podrían ser, llegando a ofrecerse en precios iguales a los ofrecidos en otros periodos del año y alterando el comportamiento de compra de las personas consumidoras”, se detalla.
A raíz de este estudio, el Ministerio puso en marcha una investigación a través de la Dirección General de Consumo que concluyó con expedientes de sanciones a ocho operadores de comercio electrónico, con dos de ellos derivando ya en sanciones y los otros seis aún abiertos.
