Semana de alto voltaje y llena de incertidumbre sobre el futuro de Muface. Los sindicatos presionan, los usuarios se quejan, se pide la intervención del Defensor del Pueblo, y el Gobierno debe tomar pronto decisiones. Los sindicatos han convocado movilizaciones para los próximos días y presentarán denuncias al Defensor del Pueblo para intentar acelerar el proceso, ya iniciado, de segunda licitación de la mutualidad que presta la atención sanitaria a 1,5 millones de funcionarios y beneficiarios.
El objetivo es que los términos de la licitación lleguen a su aprobación a Consejo de Ministros antes de fin de año, porque las aseguradoras ya están empezando a dar señales de que se acaba el convenio en enero y con él, su obligación de prestar el servicio, aunque el Gobierno diga lo contrario.
CSIF llevará al Defensor del Pueblo las quejas por falta de servicio y retrasos de los mutualistas
El concurso para adjudicar el servicio sanitario para 1,5 millones de funcionarios y beneficiarios para el periodo 2025-2027 quedó desierto el 5 de noviembre, al no presentarse las tres aseguradoras que se mantenían en el servicio, Adeslas, Asisa y DKV. Una situación inédita en los 50 años que lleva en marcha Muface y que responde a la negativa de las empresas a continuar con un servicio, en su opinión, infrafinanciado. Para la primera y desierta licitación, el Gobierno incrementó la prima un 17,12%, un aumento histórico pero insuficiente en opinión de las aseguradoras.
Las compañías estimaron necesario un incremento del 40% para seguir adelante por el envejecimiento de la población mutualista, el aumento de prestaciones y otras cuestiones. Ante la falta de prestadores, el Gobierno abrió el pasado día 20 una consulta preliminar de mercado para que cualquier aseguradora presentara una oferta de precio justificada y no vinculante por la que prestarían el servicio sanitario a los mutualistas. El plazo para contestar a esta consulta acabó el pasado miércoles y a partir de ahí, el Ministerio de Función Pública, a través de Muface, ya ha confirmado que ha dado inicio al proceso de preparación de la segunda licitación.
Desde que quedó desierto el concurso, la desazón de los mutualistas crece. El convenio actual caduca el 31 de enero. El Gobierno afirma por activa y por pasiva que puede prorrogar el servicio más allá de esa fecha, durante nueve meses máximo que es lo que le permite la Ley de Contratos Públicos. Y por lo tanto, no tiene tanta prisa para solventar una situación que, según fuentes cercanas a Función Pública, perjudica a las aseguradoras, que tienen que prestar el servicio en las condiciones anteriores.
Al mismo tiempo, Sanidad publicó un informe en el que explica que es viable (y adecuado en su opinión) que el servicio sanitario público absorba a los funcionarios, cuestión que los sindicatos rechazan y que Función Pública ya se ha encargado de descartar.
Las aseguradoras por su parte están moviendo ficha para que esta situación no se prolongue. Las tres han confirmado que han presentado propuesta a la consulta preliminar: DKV se mantiene en la petición de una subida del 40% para la mutualidad general y un 30% de incremento para la prestación para los funcionarios; Asisa asegura que ha hecho una propuesta “de equilibrio, sin incluir márgenes comerciales” pero sin detallar las cifras. Y Adeslas ha contestado con una carta con varios anexos en la que explican su posición sobre la licitación.
Pero al mismo tiempo, el sindicato de funcionarios CSIF afirma que ha recibido centenares de quejas de mutualistas porque las clínicas están “retrasando y suspendiendo citas médicas de Muface e incluso pidiendo a los funcionarios que se sufraguen ellos mismo los tratamientos si quieren ser atendidos”, situación que van a denunciar el lunes ante el Defensor del Pueblo.
El sindicato trasladará además al Defensor la preocupación por la situación de “inseguridad y alarma” en la que se encuentran los mutualistas y beneficiarios. Adeslas ha enviado una carta a todos los mutualistas despidiéndose, explicando que el servicio se acabará el 31 de enero, lo que ha incrementado la preocupación.
Así las cosas, los sindicatos han convocado esta semana movilizaciones en dos jornadas diferentes: el 11 de diciembre se manifestarán diez organizaciones lideradas por UGT y CC.OO. en Madrid por la mañana y en todas las capitales de provincia por la tarde y el 14 de diciembre, se movilizarán los convocados por el sindicato de funcionarios CSIF, en las capitales de provincia, para que la solución llegue cuanto antes.
