“Me gustaría que propongas un plan para una ambiciosa red ferroviaria de alta velocidad europea para ayudar a conectar las capitales de la UE, incluyendo trenes nocturnos, y para acelerar el transporte de mercancías por ferrocarril”. Este ha sido uno de los encargos que la nueva presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, ha transmitido al nuevo comisario de transportes, el griego Apostolos Tzitzikostas. El reconocimiento expreso de impulsar la conexión entre las capitales europeas ha sonado a gloria celestial en las oficinas centrales de Renfe cuyo equipo jurídico lleva meses preparando una denuncia contra las dudosas prácticas de Francia y Ouigo en el proceso de liberalización ferroviaria.
Lo poco que se sabe de ese expediente ha transcendido a través de su principal accionista, el Estado. Y en concreto de su portavoz directo para esta materia, el ministro de Transportes, Óscar Puente. El pasado mes de junio el ministro aseguró que Renfe estaba trabajando en una denuncia contra Ouigo, la operadora bajo propiedad de la compañía pública ferroviaria francesa SNCF, ante la Comisión Europea por ir “contra el proceso de liberalización” ferroviario que Adif y todos los operadores acordaron en 2020.
Ouigo ha sido objeto de las críticas de Puente durante todo el año debido a la agresiva política de precios de la compañía, que el ministro llegó a calificar como dumping (vender por debajo del precio para ganar cuota de mercado). Un argumento que se reforzó cuando Ouigo confirmó unas pérdidas de 42 millones de euros que justificó como parte de su plan estratégico de despliegue en un nuevo país. Pero que Puente calificó como “elemento distorsionador” ya que aseguraba que para enjugar esas pérdidas, SNCF estaría realizando ampliaciones de capital que el sector ferroviario cuantifican por encima de los 100 millones. ¿Ayudas de Estado?
En Renfe rehúsan hablar del tema. “Seguimos trabajando en la elaboración de un expediente exhaustivo para presentar la denuncia cuando esté completo”, se limitan a decir. Fuentes conocedoras de ese documento explican que la denuncia de Renfe incluirá las máximas referencias posibles sobre la actividad de Ouigo en España que desde la compañía consideran contrarias a la competencia o incluso que pueden conculcar los derechos de los consumidores, con ejemplos de las muchas ofertas de precios realizadas desde su entrada. Pero la denuncia quiere ir más allá y demostrar que frente al proceso de liberalización del transporte ferroviario en España, ejemplar por permitir la entrada a tres operadores, la situación en Francia es muy diferente.
En el país galo, el operador dominante es la empresa pública de ferrocarril SNCF y varias empresas que han intentado operar en el país ha ido a la quiebra o se les han puesto numerosas trabas burocráticas. Lo primero tiene que ver, según explican en el sector ferroviario, porque las pocas que han conseguido entrar lo han hecho en líneas regionales poco rentables. El acceso a los corredores más atractivos que son los que conectan con París es casi inexpugnable para operadores foráneos. La prensa gala lo llega a nombrar como “la maldición de los nuevos ferrocarriles”.
La demanda podría presentarse en la dirección de Competencia o Consumo de la UE
A ello se suma que la legislación francesa exige que homologar cada una de las empresas, actividades y trenes de forma diferenciada en cada corredor, frente a un proceso de homologación por país como ocurre en España e incluso en Italia, como puede demostrar Renfe tras su entrada en el mercado italiano. Estos y otros muchos argumentos son los que Renfe quiere armar con una base jurídica sólida para llegar a Europa. La compañía también debe definir el recorrido final de su denuncia. Ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría ser una posibilidad que se debilita frente a la opción de presentarla ante la comisión. “Dadas los argumentos que comenta el ministro lo lógico es que la denuncia se presentase ante las direcciones de Competencia o de Consumo y sean los propios técnicos quienes analicen la situación”, explican en el sector. Sea cual sea la decisión, lo que parece claro es que Renfe quiere llegar con los argumentos muy bien atados jurídicamente y no se arriesgará a presentar su denuncia por precipitación y menos con una nueva Comisión que arranca enfocada en impulsar la liberalización.
