Con motivo de la reciente reforma fiscal del gobierno socialista, ha vuelto a emerger con toda fuerza ese sentimiento arraigado en ámbitos económicos de sentirse injustamente acusados, cuando no perseguidos, por los poderes públicos. Una consideración que, a menudo, extienden a toda la ciudadanía al señalar que, en buena medida, el hecho empresarial se enfrenta al rechazo de la sociedad española, demasiado dominada por una actitud pasiva y acomodaticia o, sencillamente, por el desconocimiento de lo meritorio de crear y consolidar una empresa.
Sin duda, parte de dicha proposición de reforma tributaria resultaba errática y mal estructurada, pudiendo responder a incomprensibles y recurrentes tics atávicos de la izquierda radical en contra del capitalismo. Pero, en ningún caso, ese rechazo sistemático puede extrapolarse a la mayoría de la política, ni tan siquiera de la izquierda moderada y, aún menos, de la ciudadanía española en su conjunto.
Los ciudadanos distinguen entre el industrial comprometido y el especulador
En este sentido, resulta de especial interés la encuesta sobre tendencias sociales elaborada por el CIS este pasado mes de noviembre, en que se preguntaba a los ciudadanos por la confianza que depositan en diversas organizaciones políticas e instituciones sociales. El resultado refleja un grado de reconocimiento a las entidades empresariales superior al de otros colectivos y, lo más relevante, claramente mayor al de los sindicatos. Es decir, los ciudadanos tienden a reconocer la figura del empresario y, como se ha mostrado en otras investigaciones, distinguen sabiamente entre el industrial arraigado y comprometido, el especulador financiero y el ejecutivo que percibe millones sin asumir riesgos y sin acabar de entenderse el qué justifica su salario. Unos y otros se autodenominan empresarios, pero poco tienen en común.
Todo ello resulta muy relevante en unos tiempos en que para recomponer fracturas sociales y reconducir radicalismos políticos, hemos de empezar por recuperar confianza perdida entre unos y otros; un reencontrarnos como primer paso para conformar un pacto social renovado que sustituya al que acabó por despedazar la gravísima crisis financiera de hace ya quince años. Un nuevo marco de credibilidad aún por definir pero que, en cualquier caso, debe situar a la empresa como pieza determinante del crecimiento económico y la equidad social.
Esos empresarios comprometidos con su proyecto, que tanto abundan, merecen un mayor reconocimiento y un marco legal y fiscal que facilite su desarrollo sin tanta injerencia innecesaria. Y si bien la responsabilidad recae especialmente en los poderes públicos, también deberían contribuir a dicho fin los propios empresarios que, lejos de lamentarse por lo poco queridos que se sienten, deberían distanciarse, cuando no denunciar, derivas de ese dinero global que, sin patria alguna, ejerce un enorme poder, alimenta niveles de desigualdad insostenibles y deslegitima al buen capitalismo.
