En lo alto de Revigliasco, la colina que domina Turín, entre villas señoriales y recuerdos de una época dorada, la dinastía Agnelli afronta su momento más crítico. John Elkann, el nieto de Gianni Agnelli y presidente de Stellantis, el grupo nacido de la fusión entre Fiat-Chrysler y Peugeot, cuarto productor mundial de automóviles, elogiado por Pedro Sánchez por las inversiones en baterías en España, atraviesa días complicados en Italia.
Los escándalos familiares han llegado a los tribunales y en las fábricas las cosas van aún peor. El mundo político critica a la familia que durante años encarnó una suerte de monarquía laica. Se ha roto el tabú. La derecha nunca ha tenido simpatía por la dinastía Agnelli y mucho menos por la rama Elkann, considerada demasiado cosmopolita (John nació en Nueva York en 1976 y se educó en Europa y Estados Unidos). Tampoco la izquierda guarda ya silencio ante el colapso de los últimos meses. La producción de Stellantis en Italia se ha desplomado; este año, los coches fabricados en el país no llegarán a 500.000.
El heredero del clan Agnelli ha preferido invertir en baterías en España antes que en Italia
Las plantas se ven obligadas a interrumpir su producción con frecuencia y las inversiones se reducen paulatinamente. Esta vez, parece difícil que la respuesta a la crisis venga de la mano de las ayudas públicas, porque, según ha calculado la agencia Ageei, el imperio Fiat ha recibido 220.000 millones de euros en financiación estatal en los últimos 50 años.
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En un movimiento inesperado, el pasado 1 de diciembre Elkann decidió dar un cambio de rumbo, cesando al consejero delegado, el portugués Carlos Tavares, arquitecto de estrategias empresariales que ha mantenido a menudo un diálogo tenso con la política.
Tras años de discreción y bajo perfil, John Elkann busca ahora establecer relaciones personales con los líderes de los muchos países donde Stellantis opera: Pedro Sánchez, Lula da Silva, Emmanuel Macron (que invitó a Elkann a la inauguración de Notre Dame en París). Esta nueva etapa de diálogo político incluye también un primer acercamiento al entorno de Donald Trump, con quien el presidente de Stellantis habría mantenido un contacto informal durante una visita a Detroit.
El mundo ha cambiado desde los tiempos de su abuelo Gianni y es cierto que Italia no puede ser la prioridad. Pero tampoco puede descuidar al país donde nació el viejo imperio, porque Elkann reivindica el vínculo con Fiat, emblema de Turín. En la villa de la antigua capital del Reino de Italia, el sucesor de Agnelli vive con su esposa, Lavinia Borromeo, y sus dos hijos, Leone y Oceano, que estudian en una escuela salesiana. La residencia de Elkann no está lejos de Villa Frescot, la histórica mansión de sus abuelos, puesta a la venta por su madre Margherita. Y el empresario también busca acercarse al Juventus, el club de la familia.
Elkann necesita reconstruir puentes con la política italiana. La primera muestra fue una llamada para informar a la primera ministra Giorgia Meloni y al presidente de la República, Sergio Mattarella, del despido de Tavares. Un gesto que refleja una sensibilidad que quizás había faltado en los últimos años. Hasta ahora, el líder de Stellantis nunca había mostrado gran atención hacia el actual Gobierno italiano. En sus viajes a Roma, las paradas obligadas eran el Quirinale, sede de la presidencia de la República, y tal vez el Vaticano (al menos tres visitas en los últimos tres años), pero no Palazzo Chigi, para reunirse con Meloni.
Los problemas no llegan solo desde el frente empresarial, sino también del judicial, centrado en la herencia de Gianni Agnelli y de su esposa, Marella Caracciolo. La fiscalía de Turín investiga si, para eludir el pago de impuestos en Italia, se declaró incorrectamente que la residencia fiscal de la viuda de Gianni estaba en Suiza. Los jueces han cuantificado en 42,8 millones de euros la evasión del IRPF y otros 32 millones por el impuesto de sucesiones y donaciones sobre un total de 800 millones. Los delitos investigados son fraude fiscal y estafa, y a los tres hermanos se les han embargado 4,8 millones de euros. También en los tribunales parece necesaria una nueva estrategia.
