El Gobierno ha propusto hoy a Pere Soler, exdirector general de los Mossos d’Esquadra durante el referéndum del 1-O, como candidato a consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Su nominación se entiende como una concesión a Junts para preservar una cuota catalana dentro de una renovación de cargos dentro del regulador. Entre sus principales retos, destaca decidir sobre la oferta pública de adquisición (opa) que el BBVA lanzó en mayo sobre Banc Sabadell.
El Ejecutivo también ha nombrado como vicepresidente del regulador a Ángel García Castillejo, que hasta ahora ejercía de director de Políticas Audiovisuales, Servicio Público e Internacional de la Corporación Radio Televisión Española. Además, también se han realizado concesiones a PNV al proponer al director del Ente Vasco de Energía, Enrique Monasterio como vocal.
El resto de nombramientos incluyen al vocal de la Autoridad Vasca de Competencia, Rafael Iturriaga, que es más próximo al PSOE, y la directora del Departamento de Promoción de la Competencia en la CNMC, María Vidales, de perfil técnico. En el reparto de consejeros, el Gobierno no ha incluido propuestas del PP tras no alcanzar un acuerdo en la negociaciones.
Soler fue director general de la Policía de la Generalitat entre el 17 de julio de 2017 y el 28 de octubre de ese mismo año, cuando fue destituido en aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la declaración unilateral de independencia. Al frente de la policía de la Generalitat, gestionó la investigación de los atentados de agosto de 2017 en Catalunya y la coordinación policial durante el referéndum del 1-O de 2017, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Fruto de su gestión durante el 1-O, Soler se sentó en el banquillo de los acusados junto a otros mandos de los Mossos, -incluido el mayor Josep Lluís Trapero-, procesado por un delito de sedición por el que se enfrentó a 11 años de prisión y del que fue absuelto por la Audiencia Nacional en octubre 2020, al igual que el resto de la cúpula policial.
Nacido en Terrassa (Barcelona) en 1967, Soler es abogado de formación, especialista en derecho mercantil y europeo. Además de director general de la policía catalana, fue concejal del Ayuntamiento de Terrassa (2011-2015) y director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat (2013-2016), así como director general de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) entre el mayo y noviembre del 2022. Cesó del cargo cuando Junts salió del Govern de ERC.
