Llegó el turno de Miguel Ángel Rodríguez en el Tribunal Supremo. El director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se sienta hoy miércoles ante el magistrado que abrió una causa penal contra el fiscal general del Estado con la incógnita de si su declaración será un puro trámite que el testigo afrontará “sin ningún problema” –como él mismo viene defendiendo–, o si sus respuestas, que ha prometido dar, servirán para abrir una nueva caja de los truenos en un caso que ayer calentó Moncloa al pedir que “la verdad vaya p’alante”.
La investigación a Álvaro García Ortiz coge este miércoles velocidad de crucero con la citación de 13 testigos, la mayoría periodistas, que irán desfilando por el Tribunal Supremo hasta el 21 de enero. Pero antes es el turno de Miguel Ángel Rodríguez, cuyo nombre lleva sobrevolando la causa desde sus orígenes. Las pesquisas comenzaron a raíz de una querella presentada por Alberto González Amador por la nota de prensa que la Fiscalía de Madrid difundió a las 10:20 horas del 14 de marzo. En ella se daba cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de la pareja de la presidenta madrileña y el fiscal que le investigaba por presuntos delitos fiscales, Julián Salto.
La Fiscalía difundió aquel comunicado para tratar de desmontar un bulo publicado por El Mundo a las 21:29 horas del 13 de marzo, en el que se informaba falsamente de que fue el fiscal quien ofreció pactar a González Amador y no al revés, como así sucedió. Sin embargo, cuando el Supremo abrió la causa contra García Ortiz descartó delito en aquella nota de prensa porque la información que contenía ya se había publicado, por lo que decidió poner el foco en la filtración de los correos electrónicos a la prensa a lo largo de la noche del 13 de marzo. Y es en ese giro donde aparece, presuntamente, la sombra alargada del director de gabinete de la presidenta madrileña.
La Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, lo tiene claro, por eso ha arrastrado a Rodríguez ante el instructor de la causa. Para los servicios jurídicos del gobierno, hay “indicios” de que accedió “a una parte del contenido de los correos” que el abogado de González Amador cruzó con la Fiscalía para reconocer un fraude a Hacienda y tratar de llegar a un pacto. Va más allá, asegurando que “la primera revelación de secretos fue de Miguel Ángel Rodríguez” el pasado 13 de marzo, para lo cual se basa en varias noticias en distintos medios publicadas aquella noche.
Una tesis que también asume la Fiscalía, desde donde se afirmó que la nota de prensa “se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, los infundios publicados” por tres medios de comunicación “así como por el jefe del gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid”, Miguel Ángel Rodríguez. Y es que fue el propio Rodríguez quien llegó a escribir en X: “Resumen de la locura de hoy: la fiscalía ofrece por e-mail un acuerdo al sr. González; antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes ‘de arriba’ para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio”.
Ayer, el Gobierno, a través de su portavoz, Pilar Alegría, volvió a respaldar a García Ortiz, asegurando que el Ejecutivo siempre está del lado de quien defiende la verdad y no de quien “propaga bulos”. Antes de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el PSOE anunció que ha presentado una denuncia –sin viso alguno de prosperar– contra Rodríguez por un presunto delito de revelación de secretos por difundir datos personales de dos periodistas.
