El régimen sancionador para los propietarios de pisos que intenten saltarse los topes al alquiler que han pactado el Govern catalán y el grupo de los comunes, el partido de la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hermanado con Sumar, ha causado una gran preocupación entre los profesionales del sector de la vivienda. No porque persiga el fraude, necesidad que aseguran compartir, sino porque consideran que “criminaliza” al propietario en un momento en el que la aplicación de la ley de Vivienda sigue generando “una gran inseguridad jurídica”.
“Las administraciones aún deben ponerse de acuerdo en la interpretación de la norma y clarificar las dudas que persisten sobre su aplicación”, sostiene Carles Sala, portavoz de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Catalunya.
La catalana es la única comunidad autónoma donde rige el límite a las rentas prácticamente en todo su territorio -País Vasco lo ha aprobado sólo para algunos municipios-. Pero el redactado de la normativa estatal sigue generando “lagunas”, como por ejemplo, qué se considera un gran tenedor en caso de co propiedad de una vivienda o en la referencia para calcular los precios, sostiene Òscar Gorgues, gerente de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
La inseguridad jurídica “persiste”
Todo ello, apuntan, puede dar lugar a “errores involuntarios” de los propietarios que podrían acabar en multas de entre 90.001 y 900.000 euros en función de la infracción, según el decreto que ha aprobado este martes el Consell Executiu y que debe ser validado por el Parlament en el plazo de 30 días. La cuantía de las multas también se considera “excesiva y con afán expropiatorio”, ya que puede superar de largo el valor de un inmueble. “Es una actuación persecutoria fuera de lugar en cualquier régimen de orden”, afirma Sala.
Gorgues también califica de “desproporcionadas” las sanciones, que enmarca en un “esquema represivo” contra el propietario. Los términos en los que se ha presentado el régimen, con los comunes liderando el discurso, contribuye -añaden desde la Cambra de la Propietat- a este clima.
La medida, concluyen, puede contribuir a desincentivar la oferta de alquiler, algo que, avisan, ya ocurre en Catalunya desde la ley anti desahucios -ahora enmendada en parte por los tribunales- y el tope a los alquileres. De hecho, los últimos datos del Incasòl indican una caída de contratos desde la regulación de precios. Según éstos, las rentas han bajado un 0,9% entre julio y septiembre del 2024 en los 140 municipios declarados zona tensionada en Catalunya, entre los que se incluye Barcelona y su gran área metropolitana, con un precio medio de 877,92 euros. Pero también disminuyeron las firmas, con una bajada del 6,3%.
Hasta 100 inspectores para perseguir fraudes
En Barcelona ciudad las cancelaciones de contratos incluso superaron las nuevas firmas por primera vez en la serie histórica (exceptuando el período de la covid), con un saldo negativo de -58 contratos entre julio y septiembre.
Desde la conselleria de Territori i Habitatge se ha atribuido parte de este descenso de firmas a una fuga del alquiler habitual al de temporada para eludir la norma. Este fraude es el que el Govern pretende perseguir con el nuevo régimen sancionador. Para ello, el Ejecutivo catalán quiere incorporar a entre 75 y 100 inspectores que aseguren el cumplimiento de la normativa.
“No queremos que la ciudadanía se sienta sola a la hora de denunciar, sino que tenga lugar un trabajo proactivo por parte de la conselleria”, destacó la titular de Territori y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, este martes.
La conselleria pondrá en marcha un portal para que los inquilinos consulten la normativa y puedan denunciar infracciones, además de lanzar una campaña informativa. En los próximos días se pondrá en contacto con los diferentes colectivos del sector, que hoy han lamentado no haber sido consultados formalmente para elaborar este régimen.
