Después de la polémica generada por la orden de la administración de Donald Trump de congelar temporalmente las ayudas, subvenciones y préstamos federales, anunciada el lunes, la oficina de presupuesto de la Casa Blanca ha dado marcha atrás. Esta mañana, ha enviado un escueto memorando a las agencias federales explicando que la medida “queda rescindida”. La decisión llega un día después de que una jueza federal del Distrito de Columbia detuviera temporalmente su aplicación, alegando que el ejecutivo se había saltado la autoridad del Congreso, que es el encargado de asignar partidas presupuestarias.
La orden de Trump advirtió a las agencias que debían “pausar temporalmente todas las actividades relacionadas con la obligación o el desembolso de toda la asistencia financiera federal” mientras se revisaba si estas ayudas se alineaban con las ”prioridades“ de la administración. De golpe, instruyó el bloqueo de billones de dólares de programas los que se benefician las autoridades estatales y locales, destinados a la prevención de catástrofes, la financiación de la educación y el transporte, préstamos a pequeñas empresas, o la investigación de enfermedades, entre otros.
Según la Casa Blanca, habían quedado excluidas las prestaciones de seguridad social, el Medicare (la cobertura para mayores de 65 años) y toda “la asistencia prestada directamente a personas”. Pero durante el mismo lunes, antes de su entrada en vigor (el martes a las 17 horas) varias autoridades alertaron de que no estaban pudiendo acceder al portal de financiación del Medicaid (para personas de bajos ingresos), lo que generó un torrente de críticas y confusión.
La decisión de recular con esta polémica medida, después del revés judicial, ha sido recibida como ”una victoria importante para el pueblo estadounidense» por parte de la senadora demócrata Patty Murray, del comité de asignaciones del Congreso.
La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha confirmado que el anuncio se debe al revés de la justicia. “A la luz de la orden judicial, la oficina de presupuestos ha rescindido el memorando para poner fin a cualquier confusión sobre la política federal creada por la sentencia judicial y la cobertura mediática deshonesta”, señala.
“Las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente sobre las revisiones de financiación siguen en pleno vigor y efecto y serán implementadas rigurosamente por todas las agencias y departamentos. Esta acción debería poner fin de manera efectiva al caso judicial y permitir que el gobierno se centre en hacer cumplir las órdenes del presidente sobre el control del gasto federal”, añade el comunicado de Leavitt.
El plan formaba parte de los esfuerzos de Trump por reducir el gasto público y se añadió a los despidos anunciados durante la semana pasada de todos los trabajadores implicados en las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), de decenas de cargos de liderazgo de la agencia de ayuda exterior (USAID), cuya asistencia ya congeló casi en su totalidad, y al despido de todos los que trabajaron en las investigaciones penales del fiscal especial Jack Smith contra el republicano.
Además, ayer la Casa Blanca envió una carta a dos millones de empleados federales ofreciéndoles una indemnización de ocho meses de sueldo si decidían dimitir antes del próximo 6 de febrero. “Si decide no continuar en su papel actual en la fuerza de trabajo federal, le agradecemos su servicio a su país y se le proporcionará una salida digna y justa del Gobierno federal utilizando un programa de renuncia diferida”, decía el correo electrónico.
