El Govern ha abierto otro camino en su carrera para incorporar 50.000 pisos sociales en cinco años al parque habitacional de Catalunya. A la construcción de nuevas viviendas, que se tendrá que realizar en coordinación con ayuntamientos y promotoras, se suma la cartera inmobiliaria que fondos y entidades financieras acumulan aún de la época más dura de la burbuja, con pisos obtenidos mediante ejecuciones hipotecarias. Los tristemente conocidos como activos tóxicos.
La Generalitat está dispuesta a explorar esta vía y ejercer el derecho de compra –tanteo y retracto– que tiene sobre estos inmuebles cuando sea posible y viable, para así reconvertirlos en vivienda pública destinada al alquiler social. En este plan se incluye la compra de 743 pisos a Divarian, la inmobiliaria del fondo estadounidense Cerberus que se quedó con los activos tóxicos del BBVA. En total, la Generalitat ha pagado 72 millones de euros por ellos, a razón de unos 96.900 euros el piso.
La adquisición se ha articulado a través de este derecho de tanteo, explicó ayer la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, y se ha tenido que cerrar en cuestión de días. Todas las viviendas de Divarian procedían, por tanto, de ejecuciones hipotecarias, y el fondo quería desprenderse de ellas. En estas situaciones, el gran tenedor tiene la obligación de ofrecer los activos primero a la Administración, que dispone de un corto plazo de tiempo para decidir si compra o no. De lo contrario, subrayó Paneque, los pisos se hubieran puesto a la venta en el mercado libre, con el consiguiente riesgo para las familias que ahora residen en ellos en régimen de alquiler.
Las gran mayoría de inmuebles están habitados por personas en situación de vulnerabilidad que ya han sufrido desahucios y que forman parte del programa Reallotgem de la Generalitat, por el cual la Administración abona parte de la renta al propietario de los pisos. Paneque señaló que estaban pagando seis millones de euros al año a Divarian para hacerse cargo del alquiler de estas familias.
Los inmuebles vienen de ejecuciones hipotecarias y se destinarán a alquiler social
Ahora, las 743 viviendas pasarán a ser de titularidad pública, y los inquilinos pagarán una renta acorde a sus ingresos. “Cumplimos un triple objetivo, ampliamos el parque público de vivienda, protegemos a las familias y ahorramos dinero”, señaló la también portavoz del Govern.
Se trata de la compra más importante por derecho a tanteo que ha efectuado nunca un Govern, que no descarta más operaciones de este tipo. Ahora bien, Paneque señaló que deberán analizar muy bien cualquier posible operación, ya que el Govern se encuentra en prórroga presupuestaria. “Hemos tenido que articular 72 millones en pocos días”, insistió.
Divarian es la sociedad conjunta que BBVA y Cerberus crearon en el 2018, cuando la entidad bancaria vendió al fondo activos inmobiliarios tóxicos por un valor bruto de 13.000 millones de euros, que en términos netos quedaron reducidos a 5.000 millones. En el 2021, BBVA vendió el 20% de su participación en la sociedad al fondo estadounidense.
De no haber actuado la Generalitat, el fondo hubiera podido vender los pisos en el mercado libre, lo que habría perjudicado a unas familias que ya sufren una situación delicada. Los inmuebles están muy repartidos por toda Catalunya, aunque la mayoría se concentran en el área metropolitana de Barcelona.
Es la mayor operación de este tipo hecha por la Generalitat, que podrá impulsar más “si hay presupuestos”
A finales del año pasado, la Generalitat usó la misma fórmula para comprar 451 viviendas por 30,5 millones de euros a Inmocaixa. De esta manera, el Govern ha sumado casi 1.200 pisos públicos para alquiler social en solo tres meses.
En cuanto a obra nueva, tiene ya 4.000 unidades en promoción, mientras que los ayuntamientos han puesto a disposición solares para levantar 25.000 viviendas. Territori i Habitatge ultima ahora el censo de solares disponibles para alcanzar las 50.000 residencias que el president Salvador Illa ha prometido y que supone la gran apuesta de su Govern.
