Un militar estadounidense y tres mercenarios -presumiblemente de la misma nacionalidad- fallecieron ayer jueves en un presunto accidente aéreo, mientras su avión espía sobrevolaba las inmediaciones de la región autónoma de Bangsamoro, en la isla filipina de Mindanao. El Comando Indo-Pacífico de EE.UU. ha declarado este viernes que la aeronave, de tamaño poco mayor que una avioneta, realizaba labores “de inteligencia, vigilancia y reconocimiento”, ostensiblemente ”a petición de Manila».
“Podemos confirmar que no hay supervivientes del accidente. Había cuatro personas a bordo, entre ellas un militar estadounidense y tres personas contratadas por el departamento de Defensa”, señaló un comunicado. La misma fuente no explica la aparente pérdida de control del aparato, que en su caída en un arrozal impactó mortalmente sobre un búfalo de agua, en la localidad de Ampatuan. Un policía local, Amir Jihad Tim, dijo que del amasijo de hierros fueron rescatados “cuatro cadáveres, de aspecto extranjero”. Un agente de protección civil dijo que, según testigos, se oyó una explosión y se vio humo saliendo del avión antes de que impactara contra el suelo.
Su “misión rutinaria” consistía, con toda probabilidad, en la verificación del desarme del Frente Moro, firmado en tiempos del presidente Rodrigo Duterte, tras la creación de la autonomía de Bangsamoro. También en la supervisión del grado de actividad de otras células islamistas violentas, en algunos casos escisiones salafistas del Frente Moro con conexiones internacionales.
La externalización de su propia seguridad es motivo de debate en Filipinas. El retorno al poder mediante las urnas del clan Marcos, que saqueó el archipiélago durante décadas, ha reabierto para la Fuerza Aérea de Estados Unidos bases militares de las que habían sido expulsados por las movilizaciones populares de los años ochenta.
EE.UU., que suplantó a España como potencia ocupante en las Filipinas en 1898, mantiene un pacto de defensa mutua con su excolonia. En 2023, de la mano del presidente Ferdinand Marcos (hijo), alcanzó un acuerdo por el cual el país asiático permite que las tropas estadounidenses utilicen cuatro bases militares más -algunas con facilidad de acceso a Taiwán y el mar de China Meridional-, que se suman a lo establecido sobre otras cinco bases en 2014, bajo la presidencia de Benigno Aquino.
Aquel año arrancaron también las negociaciones de paz con la guerrilla musulmana del Frente Moro, que ya bajo la presidencia de Duterte dieron pie a la creación de la región autónoma de Bangsamoro. Esta ocupa el territorio de las provincias de Maguindanao del Norte y Lanao del Sur (ambas en la isla de Mindanao) así como las islas de Tawi Tawi, Joló y Basilán (parcialmente) e islotes adyacentes.
Mindanao también registró durante la década pasada focos de insurgencia islamista de supuestos afiliados de Al Qaeda o de Estado Islámico. Mindanao es, precisamente, feudo político del clan Duterte, que contó con el antiguo alcalde de Davao, Rodrigo Duterte, como presidente de las Filipinas entre 2016 y 2022. Su hija, Sara Duterte, formó un tándem sorprendente con Ferdinand Marcos hijo, que le reservó el papel de vicepresidenta. Aunque la relación política entre ambos saltó definitivamente por los aires el año pasado, ella ha podido conservar el cargo.
La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, ha declarado este viernes en rueda de prensa que no piensa dimitir.
Sin embargo, esta misma semana, el Senado de las Filipinas aprobó por mayoría el inicio del proceso de destitución de la vicepresidenta, que ya ha dicho que no piensa dimitir. El conflicto entre ambos clanes ha ido tomando un tono geopolítico cada vez más marcado, con los Duterte acusados de pactismo con China y los Marcos acusados de entreguismo a Estados Unidos.
Durante su mandato, el gobierno de Marcos ha exacerbado su reivindicación de algunos islotes relativamente cercanos a sus costas, que considera parte de su jurisdicción marítima-desde los años setenta- frente a China, que reclama prácticamente la totalidad del Mar de China Meridional desde los tiempos de Mao y Chiang Kai-shek.
La nueva administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha reafirmado su alianza con Filipinas, aunque fue su predecesor, Joe Biden, quien instaló sistemas de misiles Typhon al norte de Luzón con un alcance de 1.600 kilómetros, capaces de impactar objetivos en China. Un serio motivo de discordia con Pekín, que ha marginado al gobierno filipino dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), reacia a tomar partido.
Por otra parte, la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, descartó este viernes dimitir antes del inicio el próximo junio de su juicio político en el Senado, en sus primeras declaraciones después de que el Congreso aprobase un proceso de destitución.
Enfrentada abiertamente con el hijo del dictador Ferdinand Marcos, la vicepresidenta afirmó que su equipo legal lleva preparándose para un proceso de destitución “desde el momento” en el que la congresista France Castro anunció sus planes al respecto en 2023.
La citada congresista es también punta de lanza de los intentos de llevar al Tribunal de la Haya al expresidente Rodrigo Duterte, que se inspiró en el tailandés Thaksin Shinawatra en su guerra despiadada contra los pequeños traficantes de droga, con un altísimo número de muertes, consideradas por algunos como “ejecuciones extrajudiciales”. Duterte también aplastó a los salafistas de Abu Sayyaf, afiliados a Estado Islámico, tras el atentado sangriento contra la catedral de Nuestra Señora del Carmen de Joló en 2019.
Sara Duterte ha sido acusada, entre otros cargos, de utilizar de forma indebida 254 millones de pesos (unos 4 millones de euros) procedentes de fondos confidenciales del Departamento de Educación del que era titular hasta que dimitió el pasado junio. La ironía está en que es precisamente Imelda Marcos, madre del actual presidente, quien encarna a ojos del mundo la viva imagen de la corrupción y la cleptomanía a una escala con pocos precedentes en la historia de Asia.
En el proceso de destitución, aprobado el pasado miércoles por la Cámara de Representantes de Filipinas, figuran también las polémicas declaraciones de la vicepresidenta del pasado diciembre, cuando afirmó haber dado órdenes de matar al presidente si ella misma era asesinada.
“Yo no amenacé con matar al presidente”, se volvió a defender Duterte este viernes, retomando su justificación de que las órdenes dependen de su propia muerte y por tanto no constituyen una amenaza seria.
La aprobación del proceso de destitución en la Cámara Baja conlleva la apertura de un juicio político contra Duterte en el Senado, que no comenzará hasta el próximo junio según afirmó ayer su presidente, Francis Escudero.
El proceso arrancará así después de las elecciones a medio mandato del próximo 12 de mayo, en las que se votarán doce escaños en la cámara alta del Congreso y la totalidad de la Cámara de Representantes.
De prosperar el juicio político, Duterte se vería expulsada del puesto de vicepresidenta y quedaría inhabilitada para ocupar un cargo público, lo que le impediría presentarse como candidata a la presidencia del país en 2028.
