A Coruña ya es el primer municipio en intervenir los precios del alquiler en una comunidad autónoma gobernada por el PP. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la declaración como zona tensionada de la ciudad gallega, además de San Sebastián y Galdakao en el País Vasco y otros 21 municipios de Navarra, entre ellos Pamplona.
De esta manera, ya son 301 las localidades en España que han sido declaradas como zonas tensionadas para topar las rentas en cuatro comunidades autónomas. La gran mayoría, sin embargo, se encuentran en Catalunya. En esta comunidad, 271 ciudades que concentran el 90% de la población aplican el control de alquileres por mandato del Govern de la Generalitat.
La Consellería de Vivenda de la Xunta de Galicia envió en mayo al ayuntamiento coruñés, dirigido por el PSOE, la autorización para la declaración de zona de mercado tensionado, petición realizada el pasado 4 de abril. El Concello de Santiago también ha reclamado la declaración de zona tensionada. Ahora, el BOE lo oficializa y se podrá empezar a aplicar.
Pese a permitir la intervención del mercado al ayuntamiento de A Coruña -lo tienen que solicitar los gobiernos autonómicos-, Galicia se ha mostrado siempre reacia a la ley de Vivienda, norma que ha cumplido ya dos años, y que la Xunta tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha celebrado que estos municipios se sumen a la declaración de zonas tensionadas para poder aplicar límites en el precio del alquiler. ”Ante la evidencia de que la Ley de Vivienda funciona, hay quien la aplica y hay quien quiere derogarla”, ha afirmado la través de un mensaje en las redes sociales.
La declaración de zona tensionada para intervenir los alquileres es una medida que recoge la ley de Vivienda y que se puede aplicar en dos supuestos, que no tienen por qué producirse de forma simultánea. Estos son que el coste medio del alquiler o la hipoteca más los gastos y los suministros básicos supera el 30% de la renta media de los hogares y que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada. La declaración tiene una vigencia de hasta tres años, con la posibilidad de una prórroga anual si la situación del mercado continúa.
Las rentas se actualizan anualmente con los limites establecidos en la ley, con precios de referencia y un índice publicado mensualmente por el INE. La aplicación varía en función de si el propietario del inmueble es un gran tenedor (cinco o más viviendas en el caso de Catalunya) o no.
Son las comunidades autónomas, a petición de los municipios, las que han de solicitar la declaración al Gobierno central. Es por ello que, hasta ahora, ninguna comunidad del PP había aplicado la medida.
Catalunya fue la primera comunidad autónoma en intervenir el mercado del alquiler. Tras un año del tope a las rentas, los alquileres han bajado un 4,67% interanual en los contratos firmados entre enero y marzo del 2025 en Catalunya, últimos datos oficiales publicados. En concreto, las rentas descendieron 40 euros al mes de media, de 868,85 euros a 828,23.
En paralelo, han aumentado también los alquileres de temporada, un mercado que el Govern de la Generalitat también va a regular para evitar que algunos propietarios esquiven la ley.
