La operación parlamentaria que ha concluido enterrando el impuesto a las energéticas tiene un aliento que va más allá de la simple materia fiscal. La alianza circunstancial de las fuerzas conservadoras -PP, Vox, Junts, PNV- que la revuelta energética ha coagulado podría dejar al gobierno de Pedro Sánchez sin margen de maniobra para aplicar sus medidas económicas de carácter social. En la práctica abocaría a una legislatura exclusivamente política, basada solo en propuestas sobre modelo de Estado y libertades, las que aún cimentan la mayoría parlamentaria. Las derechas ha dibujado en el Parlamento su propia línea mayoritaria de acción común en política económica.
Aceptar ese acuerdo transitorio, táctico, en ningún caso estratégico, es el resultado de la revisión de las posiciones de dos fuerzas clave. Para Junts, el partido de Carles Puigdemont, representa una estación de llegada desde el ostracismo de la gran empresa y el sector financiero a la connivencia pública. Por el camino, ambas partes se han reconciliado desde el estrepitoso choque del 1 de octubre del 2017, cuando el mundo económico, fue muy beligerante contra el independentismo que representaba el actual residente en Waterloo.
En el caso del PP, esta complicidad implica el reconocimiento casi explícito de los límites operativos de su rumbo en la vigente realidad parlamentaria y política del país; la necesidad ineludible de tejer alianzas con el partido independentista. La constatación de que para el partido de Alberto Núñez Feijóo mantener paralizada la ley de amnistía solo servirá para alargar su presente travesía del desierto. Una opción que es tanto iniciativa propia como seguidismo al sector más influyente y politizado del poder judicial.
La decisiva votación del pasado jueves, cuando Junts y PNV sumaron sus votos contrarios a la prórroga del gravamen a las empresas energéticas que ha supuesto su entierro definitivo, no fue resultado únicamente de una rápida negociación de última hora. Aunque también la hubo.
Alberto Núñez Feijóo con los diputados de Junts encabezados por Miriam Nogueras detrás
El día nueve de este mes, Feijóo visitó la sede de la patronal Foment, donde se reunió con su junta directiva. Cada vez que el líder popular se encuentra con los empresarios catalanes estos le recuerdan, por voz de su presidente, Josep Sánchez Llibre, que si aspira a alcanzar el Gobierno debe moderar su discurso sobre Catalunya.
En esa última visita, además de eso, el presidente de Foment dio un impulso decisivo para que populares y juntaires actuasen al unísono para bloquear el plan del Gobierno de prorrogar el impuesto a las empresas energéticas. Instó a Feijóo a que diera el paso y moviera sus peones en una jugada que llevaba meses moviendo piezas.
El PP descubre que el bloqueo de la amnistía prolonga su larga travesía en la oposición
Desde la primavera, las energéticas, encabezadas por Repsol, habían explicado sus cuitas a los partidos. Al PP, pero también a Junts. Con el PNV la relación era ya muy directa, Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, expresidente del partido nacionalista, mantiene una relación muy fluida con los nacionalistas vascos, abiertamente contrarios a la medida.
Los dirigentes de Junts – Míriam Nogueras, Jordi Turull y Albert Batet- mantuvieron un sin número de reuniones con los responsables de la petrolera Repsol, su presidente, Antonio Brufau y al ya mencionado Imaz. Estos últimos barruntaban que el Gobierno de Pedro Sánchez quería prorrogar la tasa temporal a su empresa y otras energéticas y querían anticiparse. Con Junts el argumento fuerte de Repsol era que la empresa congelaría las inversiones en Tarragona si el impuesto se prorrogaba. Los independentistas, contrarios por naturaleza a subir impuestos, asumieron los argumentos de Repsol y en las negociaciones con el gobierno se opusieron a la prórroga.
Las conversaciones entre los dirigentes catalanes y los ejecutivos de la petrolera se prolongaron durante el verano y a ellas se fueron sumando otras grandes del sector, como la eléctrica Endesa, cuyo consejero delegado es José Bogas o los responsables de Moeve, la antigua Cepsa.
Puigdemont, desde Waterloo tutelaba las conversaciones y recibía a diversos implicados en las negociaciones. Foment emitió el 21 de octubre un enfático comunicado cargando contra el gravámen y pidiendo al govern de la Generalitat, presidido por Salvador Illa, que intercediese ante el gobierno de Pedro Sánchez para abrogarlo.
A finales de octubre PSOE y Junts anunciaban un acuerdo que mantenía, modificado, el impuesto especial a la banca y renunciaba a mantener el de las energéticas. Sin embargo, los socios de izquierda del gobierno se opusieron y exigieron su recuperación. Empezó entonces una nueva negociación en la que la izquierda acordó mantenerlo pero incluyendo determinadas exenciones para las inversiones en descarbonización. Las energéticas se oponían a esta salida, pues implicaba mantener el impuesto. Comenzó así una nueva discusión entre los grupos políticos y una frenética actividad de las eléctricas y sus asesores, internos y externos.
Y así volvemos a los primeros días de diciembre y a la visita de Feijóo a Foment. Sánchez Llibre explicó al presidente del PP que Junts mantenía su plan de oponerse a la nueva versión del impuesto y que sería una buena idea que populares e independentistas hablaran para sondear un acuerdo que facilitase una acción común contra la tasa a las energéticas. Precisamente, el PP había presentado pocos días antes una enmienda en el Senado, la número 54 y esa podía ser la palanca para matar de raíz el impuesto. Una argucia técnica claramente inspirada por las empresas afectadas.
Sánchez Llibre instó a Feijóo, en Foment, a pactar con Junts el voto contra el impuesto
Esa sugerencia del empresario catalán desencadenó que Juan Bravo, vicesecretario de economía del PP, se acercara a Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso. Ambos se reunieron en el despecho del grupo parlamentario de Junts, justo una semana antes de la decisiva votación de la enmienda 54 en el Senado. Allí cerraron la abstención de Junts en la Cámara alta, en la que los populares tienen mayoría absoluta y su apoyo a la enmienda en la decisiva votación del Congreso del jueves. La aprobación no solo tumbaba la prórroga, según sus defensores impedía al gobierno aprobar de nuevo la medida utilizando la vía del decreto ley; debía plantearlo por la vía ordinaria, la del proyecto de ley, de tramitación mucho más larga y en la que, en cualquier caso se encontraría de nuevo con el muro del mismo voto negativo de los contrarios al impuesto.
Los líderes de Junts se sienten cómodos en el magma de la política económica conservadora, pero insisten en que su coincidencia con el PP será siempre puntual. No hay negociación general abierta. Igual que con los socialistas y los Presupuestos del Gobierno para el año próximo.
