La petición de compartir la gestión de los aeropuertos por parte de Catalunya, País Vasco y otras comunidades ha puesto en alerta a inversores privados de Aena. Aunque el presidente del gestor, Maurici Lucena, ha repetido por activa y por pasiva que la compañía no cederá competencias a las comunidades, la presión que llega desde las autonomías le ha obligado a poner negro sobre blanco su negativa a una eventual cogobernanza, como exige ERC al PSC para llegar a pactos en el Parlament.
La cotizada ha publicado este viernes un hecho relevante en la CNMV en el que defiende la “gestión integrada de la red de aeropuertos”.
Responde así a la carta que ha remitido a Aena el multimillonario británico Chris Hohn, fundador del fondo TCI, primer accionista privado del gestor con un 6% de los títulos. En la misiva, el fondo expresa su preocupación por lo que considera una “escalada de presiones regulatorias y políticas” y reclama a Lucena que salvaguarde la gestión centralizada de los aeropuertos, así como la remuneración de las inversiones, según ha publicado Expansión.
En la comunicación a la CNMV, Aena niega que exista ninguna propuesta concreta para que gobiernos autonómicos participen en la gestión de los aeropuertos. Así, asegura que, a día de hoy, “ninguna propuesta, proyecto o decisión política que conozca Aena, como resultado del seguimiento realizado, ha alcanzado el grado de concreción y madurez que requiriera una actuación de la Sociedad, que sería inmediata y contundente”. Desde el año pasado, la compañía está siguiendo las posibles decisiones que se pudieran adoptar en el ámbito de la gestión para analizar sus eventuales efectos.
Desde entonces, ha desplegado una intensa labor de “advocacy” y ha trasladado a las administraciones competentes “la fortaleza y las ventajas del vigente sistema aeroportuario español” y “la importancia de la gestión integrada de la red de aeropuertos”.
Señala asimismo que “la preservación del modelo actual de Aena y del sistema aeroportuario español” cobra especial relevancia en un momento de grandes inversiones, con el plan para destinar 13.000 millones de euros a la ampliación y renovación de varios aeropuertos en los próximos años, entre ellos, El Prat y Barajas.
La cotizada, asevera, “perseverará en su labor de seguimiento de las novedades”. Si fuera necesario, afirma que adoptará las decisiones oportunas “en defensa de la aplicación de la legalidad vigente, del interés societario de Aena y de los derechos de la Sociedad y de todos sus accionistas (públicos y privados)”.
Desde los partidos independentistas catalanes se reclama de forma insistente la cogestión del aeropuerto de Barcelona, un objetivo que, como se ha evidenciado ahora, puede chocar con con la legislación y las regulaciones de una compañía cotizada. Y es que el hipotético traslado de competencias de El Prat va más allá de un acuerdo político y estaría sometido a las normas del derecho empresarial.
Los títulos de Aena cedían un 2% en la apertura de la sesión.
