El alcalde de Badalona (Barcelonès Nord), Xavier Garcia Albiol, ha vuelto a arremeter hoy contra las políticas del gobierno español que según él facilitan las ocupaciones ilegales y la inmigración descontrolada. Por ello, ha pedido una reunión urgente con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez y tratar lo que considera “un despropósito” que acarrea consecuencias como el asesinato de esta madrugada en el edificio municipal ocupado.
”Llevamos tiempo advirtiendo lo que pasaría” ha recordado el alcalde en rueda de prensa si la ley permite que un antiguo instituto de enseñanza “las mafias lo conviertan en un centro de prostitución y delincuencia”. En el B9, según Albiol, en la actualidad conviven unas 300 personas, la mayoría de las cuales acumulan cuentas pendientes con la justicia.
“El asesinato es una demostración de que la ley está fallando” ha dicho el alcalde. “Falla la ley y falla el gobierno de España”, a quien responsabiliza “con sus socios”, de impedir la modificación de una ley que lleva años sobre la mesa. “Hoy mismo hago la petición a la presidencia del gobierno” para fijar una reunión con Pedro Sánchez para trasladarle las problemáticas que sufrimos las ciudades con la ocupación ilegal.
Precisamente, sobre la justicia el alcalde dijo que impone “una burocracia insoportable” que impide a los legales propietarios de viviendas ocupadas recuperar su posesión. “La actual legislación es un despropósito” apuntó el edil, lo que propicia “situaciones surrealistas” como que 300 ocupas ilegales, la mayoría delincuentes que generan inseguridad en el vecindario, no puedan ser desalojados.
La policía mantiene la investigación abierta por el asesinato en el interior del B9 .
Que la mayoría de los 300 ocupas del B9 sean inmigrantes, sobre todo magrebíes y subsaharianos, muchos provenientes de otras instalaciones desalojadas, como la nave del Gorg, es una consecuencia de “permitir la entrada en el país a todo el mundo, sin control”. Lo que definió como “inmigración ilegal descontrolada” agrava las situaciones como la de las ocupaciones ilegales y el incremento de la actividad delictiva. “Los ayuntamientos y los vecinos no podemos pagar por las malas políticas de inmigración” sentenció, por lo que exigió “la inmediata reforma de la legislación”.
A los dos meses de ser alcalde, en septiembre de 2023, Albiol inició los trámites judiciales para el desalojo del B9. Hasta julio de 2025 no ha recibido el visto bueno para iniciar los trámites. No obstante, como ya ha sucedido con anterioridad, el consistorio badalonés teme que el gabinete de abogados que defiende a los ocupas vuelva a presentar recursos que dilaten la ejecución del desalojo, como ha venido sucediendo los dos últimos años.
Si bien la mayoría de las resoluciones judiciales han sido favorables a las peticiones del ayuntamiento para desalojar el edificio, una de ellas instó al gobierno a garantizar una vivienda a los moradores del edificio ocupado, lo que indignó sobremanera al alcalde. “Un delincuente nunca tendrá en Badalona una vivienda facilitada por los servicios sociales” concluyó. Además, sobre las críticas vecinales por la falta de seguridad, detalló que “no puedo poner una patrulla en la puerta del edificio donde los delincuentes se les ríen en la cara”.
Una vez finalizado el trámite judicial “que nos tiene atrapados dos años”, apuntó el alcalde, se fijará una fecha para la desocupación, a la que seguirá un proyecto de los técnicos municipales para derribar los interiores y “hacerlo inhabitable”, hasta la demolición definitiva que dará paso a la construcción de una nueva comisaría de policía. Una demolición que está prevista para diciembre de este año.
El B9, desde hace dos años, se ha convertido en un poblado dominado por las mafias de la delincuencia organizada, que imponen sus propias normas. En el edificio se dan casos de prostitución, peleas y un gran movimiento de tráfico de droga, que propicia un entorno insoportable. “Los vecinos no merecen lo que están viviendo” dice Albiol, que deseó “que este episodio sea el último”