

El eurodiputado del partido Se Acabó la Fiesta Luis Pérez, más conocido como Alvise Pérez, ha acudido hoy al Tribunal Supremo para declarar como investigado por difundir a través de su cuenta de X una pcr del actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la pandemia cuando éste era ministro de Sanidad.
Según ha explicado el propio Pérez a su salida del tribunal, ha asegurado al instructor de su causa, Javier Hernández, que cuando difundió esa pcr en plena pandemia de la Covid-19 ya estaba circulando “masivamente” por las redes sociales.
“Es algo de hace media década. No había ningún elemento de mala fe o injurias contra Illa”, ha subrayado Pérez, un agitador que llegó a sacar un escaño en el Parlamento Europeo tras haber fundado él mismo su propio partido.
En declaraciones a los periodistas que le esperaban a su salida del tribunal, Alvise Pérez ha aprovechado los micrófonos para calificar de “mafia” al Gobierno de Pedro Sánchez y responsabilizar a los medios por lanzar bulos contra él. Asimismo, Alvise Pérez, luciendo una pulsera de la Guardia Civil, aprovechó para defender a los “gloriosos agentes” de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado, tras conocerse estos días que una militante del PSOE buscaba información comprometido contra su jefe.
El Supremo investiga a Alvise, entre otras causas, por los presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias por la difusión de una PCR falsa de Illa en 2021. ‘Alvise’ publicó un ‘tuit’ durante la campaña electoral a las elecciones catalanas y en el marco de un debate electoral televisado entre los candidatos, entre los que se encontraba Illa.
El dirigente publicó en su cuenta un texto que decía: “Hola Salvador Illa. Entre la LOPD o demostrar que un ministro y candidato autonómico de mi país miente… la segunda”. El mensaje iba acompañado de la fotografía de un documento que simulaba un informe clínico fechado unos días antes, en el que se hacía constar el resultado “positivo” de una PCR a nombre de Illa.
El fundador de SALF tiene otras dos causas abiertas en el Supremo, tribunal competente al ser aforado, una por un presunto delito de financiación ilegal de su partido para las elecciones europeas; y otra por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert por los mensajes difundidos contra ella en Telegram -por lo que está citado a prestar declaración voluntaria el 19 de junio-.