Decíamos la semana pasada que el cartero siempre llama dos veces. Y ciertamente que el correo electrónico de Donald Trump regresó a Bruselas: si no hay acuerdo, el 1 de agosto los aranceles se elevarán del 10% al 30%, sin contar el 25% sobre vehículos de motor y el 50% para el acero y el aluminio o del que pueda imponerse a los productos farmacéuticos europeos.
Cierto que se trata de una negociación, que Europa intenta agotar. Quiere ello decir que la represalia decidida por la UE a los aranceles de abril (21.000 millones de euros en productos de pollo, motos y textiles), y que debía entrar en vigor el 15 de julio, se aplaza al próximo 6 de agosto. A esta lista habría que sumar una nueva, por un importe adicional de 72.000 millones de euros (incluyendo aviación, alcohol y alimentos), que aún necesita el acuerdo de los distintos países.
La UE se enfrenta a un doble problema: el consenso y el alcance de las medidas
Pero una amenaza creíble de la UE se enfrenta a un doble problema. Primero, conseguir el consenso necesario. En aranceles, ya el primer paquete todavía sin usar provocó airadas respuestas de Irlanda, Italia y otros países que obligaron a rebajarlo; y de la segunda lista, no se sabe todavía quién apoya qué, aunque comienzan a emerger críticas, por ejemplo, de Matteo Salvini de la Liga italiana, a unas negociaciones que se ven excesivamente sesgadas hacia los intereses industriales alemanes. El canciller Merz espera un acuerdo razonable ya que, en su opinión, un 30% sería un desastre para el tejido industrial germano. Y ya conocen aquel dicho que circula en Bruselas: la política comercial común la marca Alemania, la de Alemania la condiciona su industria, la de esta la determinan los intereses del automóvil y estos los define una muy conocida marca alemana de vehículos de motor. En todo caso, de aplicarse la respuesta europea a cerca de 100.000 millones de euros, esa cifra queda muy lejos de los 380.000 millones de exportaciones de la UE gravadas por los EE.UU.
El presidente de los EE.UU., Donald Trump
Segundo, desde algunos ámbitos comunitarios se eleva la voz con la posible activación del llamado instrumento anticoerción, aprobado en el 2018 aunque jamás puesto en vigor, que ahora Francia afirma desearía utilizar aunque Alemania se opone. Su aplicación permitiría penalizar las exportaciones americanas de servicios, imponer impuestos a sus gigantes tecnológicos y limitar la inversión a las empresas norteamericanas o su acceso al mercado interior (impidiendo concursar a contratos públicos). Pero, como afirmó el clásico, si no pretendes ir a la guerra, no amenaces con ella. Y nosotros no creo que hagamos temblar en exceso a EE.UU., porque las señales que hemos emitido son las contrarias: aceptar las demandas de Donald Trump sobre la OTAN, descartar impuestos a las tecnológicas, suspender el expediente a la plataforma X y estar discutiendo quién paga qué de la ayuda americana a Kyiv. Mal asunto para la UE: es lo que tiene enfrentarse a un país de verdad desde una teórica unión de estados.
