La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para el exministro de Transportes José Luis Ábalos por el ‘caso Koldo’. Le acusa de los delitos de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Para su exasesor, Koldo García, pide 19 años y medio de cárcel por los mismo delitos aunque rebaja alguna de las penas al ser su cargo de menor responsabilidad.
El tercer acusado, Víctor de Aldama, el empresario que reconoció el pago de comisiones ilegales al exministro y su hombre de confianza, es el más beneficiado, con una pena de 7 años de cárcel. Por el delito de uso de información privilegiada, el fiscal pide que se condene a cada uno de ellos al pago de una multa de 3,7 millones de euros.
Por otro lado, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, pide que se Ábalos y García indemnicen conjunta y solidariamente a INECO, empresa dependiente de Transportes en 34.477 euros y a Tragsatec en 9.500 euros, por el sueldo abonado a una de las parejas de Ábalos, Jésica Rodríguez. Además, reclama el decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho, por importe de, al menos, 430.298 euros.
Este es el primer escrito de acusación del llamado ‘caso Koldo’, después de que el juez Leopoldo Puente concluyera la primera parte de la causa, por los contratos a Aldama de mascarillas en plena pandemia a cambio de ‘mordidas’.
En su escrito de calificaciones provisionales, el fiscal relata el inicio de la trama desde que Ábalos fue nombrado ministro de Transportes (MITMA) en el 2018. Según Luzón, hasta el cese de Ábalos en julio del 2021, García se había convertido más en asistente que en asesor. Desempeñó un buen número de tareas “de muy diversa índole, tanto profesionales como personales, lícitas e ilícitas”.
“Koldo García fue el alter ego de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del ministerio hasta el punto de que, tanto en el propio MITMA como en el seno de otras administraciones públicas, se sobreentendía que García era el fiel transmisor de las decisiones y los deseos de Ábalos, habitualmente parapetado tras su asesor”.
Al tiempo, García -según el escrito- “manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo de Ábalos, que con frecuencia se confundían con las propias, actuando de facto como testaferro de su superior en las actividades delictivas”.
Según recoge, al poco tiempo de iniciar esta relación “ambos acometieron al amparo de sus cargos con la colaboración, entre otros, del también acusado Víctor de Aldama”. El escrito relata cómo García conoció a este empresario a través de su hermano, que trabajaba en el ministerio. A partir de ahí, se inició una relación personal, que derivó en una “oportunidad de obtener un común beneficio económico”.
“Con tal ánimo de enriquecimiento, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba Ábalos en el Gobierno de España y también en el partido socialista, este podría favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían”.
Ábalos les abría la puerta a la contratación con la administración pública “en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Aldama, así como facilitar a este el acceso preferente a la administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas”.
A cambio de ayudar a Aldama en adjudicaciones, acordaron el pago de comisiones. Los tres miembros de la organización eran apoyados de manera puntual o continua tanto por otras autoridades y funcionarios del MITMA, como por distintas personas del entorno empresarial de Aldama y por familiares de Koldo García, “ninguno de los cuales tiene la condición de investigado en la presente causa especial”, aunque sí en la abierta en la Audiencia Nacional.
La organización nació, además, “con innegable vocación de permanencia en el tiempo, como lo evidencia el hecho de que estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partía, sin embargo, de una misma estructura que solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida de Ábalos y García del MITMA”, tras su cese por orden del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Convenio Criminal
El fiscal explica que estos tres miembros de la organización idearon un convenio criminal para el pago de las ‘mordidas’. Lo primero que hicieron fue firmar entre Ábalos y Aldama un contrato de arrendamiento con opción a compra de un piso en pleno centro de Madrid de 750.000 euros. Según explica el fiscal, nunca existió la pretensión real de compra si no que era un seguro para que Aldama pagase las comisiones. Es decir, mientras que el empresario cumpliese con su acuerdo, Ábalos no ejecutaría ese contrato, como así fue.
Dentro de ese convenio, Aldama pagó 10.000 euros mensuales a García, que se lo daba en metálico. En ocasiones, la entrega se hizo delante de Ábalos, ya que ese dinero era para repartir entre ambos. Incluso en dos ocasiones el dinero se hizo entrega en República Dominicana a través del hermano de Koldo, Joseba García.
Para agraciarse con Ábalos para conseguir mejoras para sus empresas, Aldama también pagó el alquiler de la pareja sentimental del ministro, Jésica Rodríguez, desde octubre del 2018, llegándose a pagar un total de 82.200 euros.
Aldama recibió a cambio un contrato por valor de 24 millones de euros para la adquisición de 8 millones de mascarillas a través de Puertos del Estado, dependiente del MITMA. Este contrato le abrió las puertas para otros en el Ministerio del Interior, Gobierno de Canarias y de Islas Baleares.
Todas estas adjudicaciones públicas permitieron a Víctor de Aldama obtener los correspondientes beneficios generados como consecuencia de la comisión obtenida de Soluciones de Gestión, parte de los cuales hizo llegar en compensación a Ábalos y García Izaguirre. El beneficio obtenido por Aldama por los contratos adjudicados por Puertos del Estado y ADIF a la referida empresa ascendió a 3.713.981 euros”, sostiene el fiscal.
