La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha presentado una denuncia ante la autoridad sancionadora del Ministerio de Consumo por las prácticas abusivas de diversas entidades bancarias. La entidad acusa a los bancos no solo de comercializar productos de manera poco transparente, sino también de retrasar los procedimientos judiciales, recurriendo a instancias superiores a sabiendas de que la jurisprudencia les es contraria.
“Las entidades bancarias están utilizando la justicia como una barrera para desincentivar a los consumidores a reclamar sus derechos”, denuncia Patricia Suárez, presidenta de Asufin. Según la organización, el abuso del sistema judicial por parte de la banca genera una indefensión manifiesta en los clientes, lo que constituye una infracción en materia de consumo.
En 2017 se crearon juzgados especializados en cláusulas abusivas para tratar de agilizar y unificar estos procesos. Según datos de Asufin, se han presentado 850.402 asuntos hasta el 2023, de los cuales 138.714 aún están pendientes de resolución. Esta saturación judicial se atribuye al descaro por parte de las entidades financieras, que obligan a sus clientes a recurrir a la vía judicial a pesar de conocer que el resultado será favorable para el consumido
Estrategia para disuadir al cliente
Los procedimientos se decantan a favor del consumidor un 95% de las veces
La estrategia busca disuadir a los clientes, prolongando en el tiempo la reclamación y obligándoles a incurrir en gastos adicionales en abogados y procuradores, lo que provoca que muchas reclamaciones no lleguen a presentarse. Desde Asufin calculan que un proceso que pase por la justicia ordinaria y después por la Audiencia Provincial cuesta unos 5.000 euros.
El problema no se limita a las cláusulas abusivas en hipotecas. Casos como el de las tarjetas ‘revolving’, que mantienen a los clientes en un endeudamiento constante, siguen generando miles de litigios. En este sentido, el Juzgado 104 de Madrid ha solicitado al Ministerio de Consumo y al Banco de España que sancionen a las entidades que obligan a los clientes a acudir a juicio, a pesar de que el 95% de las sentencias son favorables a los consumidores.
Imagen ilustrativa de una tarjeta ‘revolving’
“Es una estrategia deliberada: recurren porque les sale rentable”, advierte Suárez. “Retrasan el pago, obligan a los clientes a asumir costes legales y consiguen que muchos tiren la toalla”. Por ello, la asociación ha instado al Ministerio de Consumo a que recopile información sobre los bancos que sistemáticamente recurren casos ya resueltos y los sancione por su reiterada mala praxis.
Con esta denuncia, se busca que el Ministerio de Consume tome medidas para frenar el abuso del sistema judicial por parte de la banca y garantizar la protección de los consumidores ante cláusulas abusivas que, a pesar de haber sido declaradas ilegales, siguen formando parte del día a día de miles de clientes.
