Normativamente se ha ratificado la esperada moratoria hasta el 2027 para la entrada en vigor del procedimiento de comunicación instantánea y automatizada de toda la facturación de empresas y autónomos a la administración tributaria, el denominado sistema Verifactu.
En un proceso ya imparable de digitalización de las relaciones entre empresas, ciudadanos y administraciones públicas, el proyecto Verifactu se inspira en modelos previos como el sistema de información inmediata (SII) aplicable a grandes empresas, la experiencia desarrollada en los territorios forales mediante TicketBAI o diversas iniciativas de carácter internacional. Su orientación de fondo resulta clara: reforzar la lucha contra el fraude fiscal, mejorar la eficiencia del control tributario e incentivar el proceso de digitalización global.
Sobre la marcha
Los políticos lo han definido, pero la aplicación corre a cargo de los funcionarios, que resuelven problemas sobre la marcha
Desde un punto de vista conceptual, el diseño es razonable. La opción de incorporar en cada factura un código QR con datos que permitan un control inmediato y permanente responde a un modelo técnico y operativo, discutible pero coherente con una estrategia de digitalización y transparencia. Las principales dificultades, no obstante, no han residido tanto en el planteamiento como en su concreción práctica. El proyecto ha sido definido e impulsado desde el ámbito político, si bien su desarrollo operativo y su aplicación han recaído
en los funcionarios encargados de su ejecución. Estos han ido aplicando las directrices recibidas y resolviendo cuestiones técnicas y normativas sobre la marcha, sin que se haya apreciado una implicación suficiente de las autoridades competentes en la labor explicativa, de dirección y de acompañamiento del proceso. Con este telón de fondo, la moratoria –esperada y deseada– viene a reconocer implícitamente que el proceso no se encontraba plenamente maduro y que hubiera sido conveniente articular con mayor antelación medidas de acompañamiento que permitieran mitigar las inversiones que empresas y autónomos estaban asumiendo en software, equipamiento y organización interna.
El resultado final es agridulce. Por un lado,
se gana un margen temporal razonable. Por otro, quedan en una situación de desorientación tanto las empresas y autónomos que
actuaron con previsión y acometieron inversiones anticipadas como los profesionales y proveedores que venían ofreciendo los servicios para la implantación del sistema. Más allá de
su impacto económico inmediato, el efecto
más negativo es la imagen de imprevisibilidad, inseguridad jurídica y falta de atención a los efectos prácticos de medidas legales que, pudiéndose entender como positivas, requieren un seguimiento adecuado en su fase de implantación. En todo caso, esta experiencia no favorece la confianza y complicidad que se requiere entre administrados y Administración para hacer un país más próspero y competitivo.
