El Govern de Marga Prohens busca la colaboración de la Policía Nacional para combatir la oferta turística ilegal en Baleares. El Parlament balear ha aprobado este martes un decreto ley que abre la puerta a que los ayuntamientos y los consells firmen convenios con el Ministerio del Interior para que los agentes que detecten actividades ilegales en viviendas puedan comunicar sus sospechas a la autoridad trurística.
El decreto que ha aprobado el Parlament establece medidas contundentes contra la oferta ilegal con sanciones de hasta 500.000 euros que se rebajarán en un 80 % si el infractor cede la vivienda al Govern para que la alquile durante cinco años. La posibilidad de que la Policía Nacional y las policías locales colaboren con la autoridad turística es una demanda de Eivissa, donde el alquiler ilegal actúa con impunidad incluso con la celebración de fiestas ilegales en viviendas turísticas sin licencia en las que se cobra por entrar.
La presidenta balear, Marga Prohens, anunció hace seis meses la aprobación de este decreto que además iba a incluir una subida de la ecotasa. La norma no incluye finalmente la subida del impuesto ante la radical oposición de Vox. El partido de extrema derecha exigió que no se tocara la ecotasa como condición para darle su apoyo y Prohens se ha visto obligada a ceder antes sus anriguos socios, algo que ha provocado airadas críticas de la oposición, que acusa a la presidenta balear de mentir y de estar a las órdenes de Vox.
El decreto incluye, además, otra disposición muy polémica y que ha abierto una brecha entre Prohens y el sector hotelero. El texto prohíbe por completo el alquiler turístico en las viviendas plurifamiliares en todas las islas, pero al mismo tiempo valida 95.000 plazas turísticas en viviendas que se encontraban en un limbo jurídico y estaban condenadas a desaparecer a largo plazo.
La aprobación de la norma ha provocado el divorcio entre hoteleros y Prohens
Se trata de plazas que operan desde hace años con licencia, pero que no se incluyen en la bolsa que se creo hace un cuarto de siglo para contener la oferta. El anterior Govern de Francina Armengol permitió que se comercializaran porque tenían licencia, pero no las incluyó en la bolsa, por lo que, en caso de cierre del establecimiento, esa plaza no volvía a la bolsa. Prohens incorpora esas plazas a la bolsay permitirá que se compren y se venda, lo que supone su convalidación legal de facto.
El sector hotelero de las Islas ha criticado esta medida de Prohens y el propio presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer, se ha mostrado radicalmente en contra de esta propuestas. La validación de estas plazas ha provocado un divorcio entre los representantes hoteleros de las islas y el Govern del PP. El sector ha llegado a calificar de “aberrante” la política turística de la presidenta balear.
Entidades ecologistas han vuelto a convocar protestas contra la masificación
La aprobación del decreto llega de nuevo en pleno debate sobre la saturación turística tras una Semana Santa de récord y con la previsión de que este año se pueden romper todas las estadísticas. El año pasado llegaron a las islas 18,7 millones de turistas y se espera que la cifras de este año ronden los 20 millones. Diversas entidades y asociaciones ecologistas ya han anunciado nuevas movilizaciones el próximo mes de junio en contra de la saturación turística.
