El Pla de Barris de la Generalitat (dotado con 200 millones de euros el primer año) ha echado a andar, aunque con una demanda de los ayuntamientos que multiplica por cuatro los recursos disponibles. Parte de las dificultades que afrontan nuestras ciudades son el reflejo de una endémica pobreza, porque ésta y el Pla de Barris están tan ligados que, simplemente, son dos caras de la misma moneda. Una situación que, pese a la mejora económica de los últimos años, ha mejorado sólo modestamente y continúa concentrada en determinados ámbitos dónde se acumula la nueva inmigración.
No tenemos cifras de pobres en el ámbito municipal. Pero la Encuesta de Condiciones de Vida del Idescat (2024) nos permite obtener una visión agregada de la situación en Catalunya, aunque esta esconda marcadas diferencias territoriales. La métrica más amplia (el llamado ‘riesgo de pobreza o exclusión social’ o tasa AROPE de la UE) es la que incluye, como mínimo, la pertenencia de los ciudadanos a una de las siguientes tres situaciones: riesgo de pobreza (renta por debajo del 60% de la mediana catalana), baja participación laboral y carencia material. En 2024, se encontraban en situación AROPE algo más de 1,9 millones de catalanes, un 24% del país.
La situación continúa concentrada en determinados ámbitos
Por su parte, el ‘riesgo de pobreza’ alcanzó al 17,4% de la población (1,4 millones), una media que esconde situaciones mucho más lacerantes de lo que aparenta: el 28% de los niños menores de 16 años vive en hogares pobres. En lo tocante a carencias materiales destaca que el 33% de catalanes no pueda permitirse unas vacaciones de una semana al año, mientras que un 16% no tenga recursos suficientes para mantener la vivienda a temperatura adecuada. Unas cifras en absoluto menores, y ello sin considerar la llamada privación material severa que sufren 750.000 catalanes, indicativa de un conjunto simultáneo de carencias materiales básicas.
Cierto que, al amparo del crecimiento económico 2020-24 en el que hemos creado cerca de 500.000 empleos, la situación ha mejorado; no obstante, dado el aumento de población, poco ha variado su volumen absoluto. Así, entre 2019 y 2024, el riesgo de pobreza se ha reducido (del 19,5% al 17,4%), aunque en términos absolutos ello haya implicado sólo pasar de 1,5 a 1,4 millones; por su parte, los niños pobres han caído del 31% al 28% citado, unos 327.000; mientras que, para los extranjeros, la disminución de su tasa (del 50% al 34%) ha implicado un incremento absoluto (de 362.000 a 399.00).
A la luz de esta dinámica, y del positivo efecto del empleo, hay que convenir que reducir esa lacra y, en particular, la que afecta a los niños pobres, no podrá conseguirse sin fuerte crecimiento y sin un decidido programa político de largo alcance. En el ínterin, hay que saludar como muy positivo que, tras una década y media de inacción, la Generalitat coja el toro por los cuernos.
