La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intenta frenar in extremis su declaración como investigada ante el juez Juan Carlos Peinado prevista para este miércoles. La defensa de Begoña Gómez ha recurrido la citación al considerar que no hay ningún indicio de que se haya cometido un delito de malversación de caudales públicos por contratar a Cristina Álvarez como su asesora pagada por Presidencia de Gobierno.
Asimismo, en otro recurso, al que también ha tenido acceso La Vanguardia, el letrado Antonio Camacho reclama a la Audiencia Provincial de Madrid que declare improcedente la orden de Peinado de analizar por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los correos electrónicos enviados y recibidos por Gómez desde 2018, fecha en la que fue contratada Álvarez.
El juez busca averiguar si Álvarez se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas “para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados”.
El magistrado inició su investigación a Gómez ante las sospechas de que pudo utilizar sus influencias para obtener inversiones de empresas privadas para la cátedra que diría en la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, ha ido aumentando sus líneas de investigación apuntando ya a cinco presuntos delitos de la mujer del presidente del Gobierno.
En su recurso, el letrado considera que se trata de una medida que no es proporcional, razonable ni justa. La defensa de Gómez considera que no hay razón de ser en la apertura de una pieza separada por u presunto delito de malversación por contratar a una asesora para que lleve los asuntos de la esposa del presidente, como ha ocurrido con otros presidentes.
En este caso concreto, Peinado se fija que Álvarez responde correos electrónicos que a su juicio se escapan de su competencia como asesora. “Esta parte entiende que la realización de un favor a la persona para la que trabajas y con la que, además, mantienes una relación de amistad nunca puede interpretarse como una conducta que entre dentro del ámbito de aplicación de una infracción penal tan grave como la malversación pública”.
El letrado apunta insiste que “esa conducta es muy habitual y entra dentro de los usos sociales e interpretar que pudiera ser constitutiva de una malversación solo es el resultado de una interpretación extraordinariamente extensiva del Código Penal”.
El abogado también rechaza con rotundidad que haya indicios de ninguno de los otros cuatro delitos que el juez imputa a Begoña Gómez: corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y tráfico de influencias.
Niega, por ejemplo, irregularidades en la cátedra que codirigió en la Complutense o el “más mínimo indicio” de que interviniese en procesos de contratación pública a favor del empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado.
