Bruselas se mantiene al margen del fracaso de la opa hostil del BBVA al Sabadell. La Comisión Europea no ha querido pronunciarse esta mañana el resultado tras la larga batalla financiera en España después de que el BBVA no haya obtenido ni el 26% del capital de la entidad. “No comentamos sobre el resultado de operaciones en el mercado”, ha dicho el portavoz de Servicios Financieros, Olof Gill, preguntado por el asunto en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.
Sin embargo, la Comisión sí deja bien claro que el expediente abierto a España por obstaculizar la opa sigue abierto, porque no fue iniciado por la operación en sí, sino por las leyes usadas para obstruirla. En julio, Bruselas abrió un procedimiento de infracción por dos motivos. Primero, por las disposiciones del derecho español que otorgan un poder al ministro de Economía para decidir sobre fusiones o adquisiciones totales o parciales en operaciones bancarias, que entienden que socavan los poderes prudenciales del Banco Central Europeo (BCE), que es la autoridad competente cuando una adquisición pasa del 10%. Y, segundo, porque creen que las trabas impuestas por el Gobierno a esta opa van contra la Ley de Defensa de la Competencia, donde se establecen una serie de categorías para que se pueda prohibir una concentración y esté justificado por razones de interés general, algo que, según la Comisión, no sucede en este caso.
“La legislación española vulnera las competencias exclusivas del BCE”, indica un portavoz comunitario
Estos motivos, de momento, siguen siendo válidos. “Lo más importante que hay que tener en cuenta es que, cuando la Comisión inició el procedimiento de infracción, fue en relación con determinadas disposiciones de la legislación española que, en nuestra opinión, infringen el Derecho de la Unión”, ha recordado Gill. “La legislación española vulnera las competencias exclusivas del BCE, y de los supervisores nacionales, infringiendo la normativa bancaria de la Unión y restringiendo la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales”, ha continuado.
En Bruselas creen que la legislación española no está alineada con el derecho de la UE en cuanto a la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales. Además, recuerdan que la UE busca levantar barreras en el mercado interior, e interpretan que estas infracciones del derecho de la UE constituyen una barrera.
Gill también ha recordado este viernes, a nivel general, que Europa está a favor de las fusiones bancarias porque consideran que las consolidaciones en este sector son esenciales para la realización de la Unión Bancaria, en proceso de creación desde la crisis financiera. Bruselas siempre está recordando que, especialmente las fusiones transfronterizas, son importantes para este paso. Pero no solo España se ha puesto obstáculos, sino también Italia con el intento de compra de BPM por Unicredit o Alemania cuando también Unicredit intentó avanzar en el capital de Commerzbank.
“Como bien saben, creemos que la consolidación del sector bancario mediante fusiones tanto nacionales como transfronterizas podría contribuir a mejorar la eficiencia y la rentabilidad de los bancos y, con ello, mejorar la economía europea y beneficiar a los consumidores en su conjunto. Esto está en consonancia con los principios y ambiciones establecidos en la unión de ahorro e inversión, y no voy a decir nada más al respecto hoy”, ha zanjado Gill.
Hasta ahora, lo que había hecho Bruselas con la apertura del procedimiento de infracción era una carta de emplazamiento donde solicita más información sobre las decisiones gubernamentales, que España tenía dos meses para responder de forma detallada. Sin embargo, este plazo ya se ha superado, y de momento la Comisión Europea no ha recibido esta respuesta del Ejecutivo español. Si el expediente no llega a buen fin, Bruselas podría remitir a España al Tribunal de Justicia de la UE, quien a su vez podría determinar que España debe pagar una multa por infrigir las leyes comunitarias.
