En plena crisis política en Madrid por el llamado ‘caso Koldo’, Bruselas señala en su informe anual sobre el Estado de Derecho en España el “alto riesgo de corrupción” en los sectores de la contratación pública, las infraestructuras y la financiación de los partidos políticos. Lo hace a la vez que recuerda que todavía no se ha puesto manos a la obra para una estrategia nacional anticorrupción, y, pese a que reconoce “ciertos avances” para aumentar la eficiencia en la tramitación de los casos de alto nivel, pide que le dedique más esfuerzos.
El comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, esta semana en Bruselas
El informe de la Comisión Europea también toma nota de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado que la Ley de Amnistía es compatible con la Constitución y de las cuatro solicitudes de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, aunque no hace más valoraciones. Solamente describe los hechos y apunta que la ley “fue objetivo de gran controversia en España”. “La Comisión ha estado evaluando la pertinencia de la Ley de amnistía desde el punto de vista del Derecho de la Unión Europea, algunos aspectos de la cual son objeto de peticiones de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, incluye el texto.
Las recomendaciones
El Ejecutivo comunitario afea a España que no tenga una estrategia nacional anticorrupción
Bruselas incluso alude, sin mencionarlo directamente, al exministro de Fomento José Luis Ábalos y el llamado ‘caso Koldo’ en su repaso a los casos más graves de corrupción del último año. En el informe habla de los contratos irregulares de la compra de mascarillas al decir que, “en octubre de 2024, un exministro y miembro del Parlamento fue acusado como sospechoso en un presunto caso de corrupción relacionado con la pandemia”. No hace ninguna referencia al caso del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión provisional, porque el documento solo está centrado en el año 2024.
Más detalladas son sus advertencias sobre los riesgos de corrupción en los contratos públicas y en la financiación de las formaciones políticas. Como en el capítulo del 2024, Bruselas cita el Eurobarómetro Flash sobre las Actitudes de las Empresas frente a la Corrupción. Aunque ya incluía esta advertencia en el ejercicio anterior, si en el informe del año pasado eran el 21% de las empresas españolas las que creían que la corrupción les había impedido ganar una licitación pública o un contrato en los últimos tres años, ahora esta percepción se ha doblado: son el 40% las empresas que piensan esto, frente a una media de la UE situada en el 25%. Además, según el texto, “la financiación de los partidos políticos sigue siendo un ámbito de alto riesgo y no se han tomado medidas para reformar la legislación electoral de acuerdo con las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas”.
Sobre la falta de una estrategia nacional, la UE recuerda que la “ley exige al Gobierno que adopte una estrategia integral para prevenir y combatir la corrupción, pero aún no se ha comenzado a trabajar en ella”. Sin embargo, Bruselas destaca que se está trabajando en la revisión de la ley de enjuiciamiento criminal y “se han destinado más recursos para reducir la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos de casos de corrupción de alto nivel, mientras que el nivel de aplicación de la ley en materia de soborno en el extranjero sigue siendo bajo”.
Bruselas reconoce ciertos avances para abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones y los procesos judiciales “con el fin de aumentar la eficiencia en la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel”, aunque pide redoblar los esfuerzos en este asunto, incluyendo “acabar la reforma del código de procedimiento criminal” entre sus recomendaciones.
En este ejercicio, las diecisiete páginas del informe dedicado a España –hay uno para cada país de la Unión Europea– ya no están centradas en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que era uno de los asuntos recurrentes en los últimos años. Sin embargo, sí advierte que sigue pendiente la reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial del CGPJ que lleva pidiendo desde hace años como continuación de la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Además, emplaza a España seguir trabajando para reforzar la figura del fiscal general y destaca que Álvaro García Ortiz se encuentra procesado por revelación de secretos vinculada a un caso de fraude fiscal –el relacionado con el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso–, que él mismo ha recurrido. En este sentido, las recomendaciones piden “continuar los esfuerzos para fortalecer el Estatuto del Fiscal General, en particular en lo que respecta a la separación de su mandato del relativo al Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la Fiscalía”.
Bruselas reconoce que la reforma judicial que ha puesto en marcha el ministro Felix Bolaños permite un “cierto progreso” sobre la situación del fiscal general respecto a los ejercicios anteriores. También recoge que “algunos actores han expresado preocupación por la reforma al considerar que plantea riesgos para la independencia judicial por reforzar los poderes del Fiscal General y rebajar las garantías profesionales de los fiscales”, pero no emite más valoraciones.
En España, fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes no hacen referencia a las advertencias sobre corrupción en su valoración, pero sí destacan que el documento comunitario “avala las reformas de la Justicia impulsadas por el Gobierno y considera que son un avance para la independencia y la calidad del sistema público de Justicia” y el “refuerzo notable de la autonomía de la Fiscalía”. En cambio, según la lectura de la secretaria general de los populares europeos, Dolors Montserrat, “la corrupción de España hace saltar las alarmas en Europa”.
