Antes de final de año es más que probable que veamos al fiscal general del Estado sentado en el banquillo de los acusados ante un tribunal. Es también muy posible que ocurra lo mismo con el hermano del presidente del Gobierno. Incluso podría pasar con su mujer, si la Audiencia de Madrid no frena al juez Peinado, aunque sería algo más adelante en el calendario. Y, para redondear el panorama, está pendiente el retorno de Carles Puigdemont, con sus implicaciones judiciales y políticas. Todo eso está detrás de la creciente tensión entre el Gobierno y la judicatura.
El curso político empezó con una entrevista a Pedro Sánchez en TVE en la que dejó claro que su intención es resistir a ese escenario descrito que afecta directamente a su familia. Por eso, arremetió contra algunos jueces acusándoles de partidismo. Sabía ya entonces que iban a arreciar las presiones sobre el fiscal general para que renunciara a pronunciar su discurso en el acto de apertura del año judicial, el viernes, presidido por el Rey.
El Gobierno ha perdido el pulso en el Supremo y algo de fuelle en el CGPJ; le quedan el fiscal y el TC
El fiscal, Álvaro García Ortiz, está imputado por la presunta filtración de un correo en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso pedía un pacto de conformidad por dos delitos contra Hacienda. El juicio al fiscal podría empezar en octubre o noviembre. García Ortiz se niega a dimitir por considerarse víctima de un intento torticero de apartarle por parte de los jueces conservadores en connivencia con el PP. El Gobierno –que lo nombra– le da apoyo. Para el Ejecutivo es vital que el fiscal general aguante. De él dependen, por ejemplo, nombramientos de fiscales jefes en toda España. Es uno de los pocos bastiones que le quedan en el sistema judicial, donde ha intentado ganar terreno sin mucho éxito.
En el Tribunal Supremo, el Gobierno ha perdido el pulso con los conservadores para el relevo de los presidentes de las Salas Segunda y Tercera, que llevan asuntos penales, incluyendo causas contra políticos, o recursos contra actos de las administraciones públicas. Ante el rechazo que producía en el alto tribunal los nombres que defendían los progresistas, fueron elegidos dos magistrados considerados conservadores moderados, Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, con más reputación y predicamento internos. Arrieta escogió como padrino en su toma de posesión a Manuel Marchena.
El fiscal general interviene en presencia de Perelló, el Rey y Bolaños
En el Consejo del Poder Judicial (CGPJ), del que dependen nombramientos de jueces y magistrados, el PP y el PSOE pactaron un empate a diez vocales por cada sector y una presidenta de consenso. Pero los conservadores están siendo más activos y encima uno o dos de las filas progresistas han cambiado de bando en algunas ocasiones. Además, los conservadores parecen más satisfechos que los progresistas sobre la labor de Isabel Perelló, presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, que leyó el viernes un discurso contundente en el fondo e impecable en el redactado contra las críticas del Gobierno a la judicatura.
Aunque a algunos conservadores les supieron a poco, las palabras de Perelló sonaron rotundas e inequívocas en presencia del Rey y del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Fue la asistencia de Felipe VI lo que evitó un boicot de los conservadores al acto. Pese al plante de Alberto Núñez Feijóo, nadie más se atrevió a seguir su ejemplo y desairar al Rey, cuyo rostro denotaba incomodidad.
Así pues, los refugios que puede encontrar el Gobierno en el ámbito judicial se limitan a la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. Este último está pendiente de la jubilación del presidente, Cándido Conde Pumpido, a final de año. En principio, está garantizado que su relevo mantendría la mayoría progresista del tribunal. Ésta es fundamental para Sánchez y el retorno de Puigdemont, lo que podría dar algo de estabilidad a lo que quede de legislatura.
Sánchez insiste en que “el tiempo pondrá las cosas en su sitio”. Como García Ortiz, el presidente está convencido de que, aunque las cosas estén llegando más lejos de lo que pensó, en algún momento los jueces resolverán en su favor, sea en el caso del fiscal general o el de su familia. Mientras, la estrategia del PP consiste en reforzar el mensaje de que la situación es insostenible. Una vez más, estamos ante una carrera política sin frenos en el Circo Máximo, en este caso de los tribunales.
Los de Puigdemont siguen en el ‘no’
El voto de Junts a la reforma de la justicia
Las arremetidas de Junts a la justicia española son frecuentes y, con ese argumento, el Gobierno intenta que el partido de Puigdemont apruebe la ley de reforma que impulsa el ministro Bolaños. Una ley que cambia las vías de acceso a la carrera judicial y que es criticada por varias asociaciones de magistrados que Bolaños sostiene que se mueven por corporativismo. Junts no discute lo esencial de la ley, pero reclama la supresión de la Audiencia Nacional y sobre todo un consejo descentralizado del CGPJ en Catalunya. Esto último pondría aún más en pie de guerra a la judicatura. El ministro también lo rechaza. La ley, de momento, sigue en barbecho.
No todo es la falta de medios
Más jueces y menos casos resueltos
Se suelen achacar los problemas de la justicia, en especial su extrema lentitud, a la falta de medios. Pero un informe de Agenda Pública constata que en algunos casos se están fijando vistas para 2029, pero bucea en las causas y halla respuestas sorprendentes. Así, señala que, a pesar de que cada juez recibió en 2023 un 25% menos de casos que diez años antes, se han resuelto un 27% menos (casi dos millones y medio menos de casos resueltos). Concluye que la falta de medios técnicos y humanos es importante para agilizar la justicia, pero también la carencia de “incentivos que premien la eficiencia”, lo que “desincentiva el esfuerzo”.
