Catalunya vuelve a tomar la delantera como laboratorio en materia de vivienda y este miércoles activará una iniciativa de alto voltaje. El Govern y el grupo de los Comunes constituirán mañana un grupo de trabajo para decidir si es posible prohibir la compra de pisos para invertir, lo que denominan “compra especulativa”. El movimiento llega un mes después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, avanzara que había dado órdenes a la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, de evaluar esta posibilidad. “Todo lo que se pueda hacer con cierto realismo para garantizar la vivienda como un derecho, lo haremos”, aseveró entonces el jefe del Ejecutivo catalán.
Sin embargo, no ha sido el Govern el encargado de anunciar este importante paso, que tiene en vilo al sector inmobiliario. La noticia la ha comunicado el portavoz de los Comunes, David Cid, cuyo grupo ha registrado una proposición de ley en el Parlament para limitar la adquisición de vivienda siempre que no sea para residir. No es la primera vez que el partido de la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, capitaliza medidas sobre vivienda pactadas con el Govern y de hecho, este protagonismo ha instalado la idea en el sector inmobiliario de que son sus seis diputados los que marcan la política habitacional en Catalunya.
Sea como sea, la consellera Paneque ha confirmado a posteriori la creación de este grupo de trabajo entre Govern y comunes, en el que participarán expertos en la materia para realizar aportaciones.
La reunión de mañana se celebrará en el departament de Territori, con la presencia del equipo de Paneque y la diputada de los Comunes Susanna Segovia, y en ella se analizará el informe encargado al Área Metropolitana de Barcelona sobre la materia. Las dos partes quieren acelerar los trabajos, por lo que los encuentros serán semanales. La consellera ha asegurado que espera tener las conclusiones listas durante el primer trimestre del 2026.
La también portavoz del Govern ha insistido en que es necesario “explorar qué otras políticas” se pueden implementar “con el único objetivo de que las viviendas construidas en Catalunya se destinen de forma preferente a uso residencial o de uso habitual”.
La eventual limitación de la compra de vivienda para invertir se inscribe en el marco de las políticas que el Govern ya está desplegando, como la ampliación del parque de vivienda pública, la aplicación de los topes al alquiler, el régimen sancionador o la creación de un registro de grandes tenedores.
Este último estaba previsto para finales de noviembre, pero su entrada en vigor se retrasará unos días como consecuencia de los cambios que se han introducido para dotarlo de mayor “seguridad jurídica” tras la exposición pública, ha indicado la consellera. Para estas modificaciones será necesario realizar una segunda exposición pública, que será más breve, de siete días.
Todas estas medidas están pensadas para intentar paliar la crisis habitacional que sufre Catalunya, igual que otros territorios. El acceso a la vivienda es la primera preocupación de los ciudadanos catalanes, tal y como advertía ayer la encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió, con una especial tensión en el mercado del alquiler.
Ahora, la posibilidad de regular la adquisición de vivienda ha puesto en alerta a empresas y constructores, que consideran erróneas las iniciativas del ejecutivo de Illa. Preocupa especialmente la posible prohibición de la compra para rehabilitar y ven un ataque “a la propiedad privada”. En todo caso, habrá que esperar a las conclusiones del grupo que echa a andar mañana para evaluar el alcance de las medidas y su repercusión sobre el mercado.
