Junts per Catalunya ha alcanzado un acuerdo con el PSOE que permitirá a la Generalitat asumir nuevamente la gestión integral de los funcionarios de administración local con habilitación estatal: secretarios, interventores y tesoreros municipales. Esta recuperación de competencias se formaliza mediante una disposición adicional a la Ley de Bases de Régimen Local.
La Generalitat podrá encargarse de aspectos fundamentales como la creación y supresión de plazas, la aprobación de la oferta pública de empleo, los procesos de selección y provisión, así como del nombramiento y la gestión administrativa de estos cargos. Esta competencia ya había sido ejercida por Catalunya hasta que fue centralizada por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) en 2013.
El acuerdo blinda el derecho a ser atendido en catalán y reserva plazas en la justicia para catalanoparlantes
El acuerdo da respuesta a una situación crítica en muchos ayuntamientos catalanes, donde el 66% de estas plazas están vacantes o cubiertas interinamente, lo que provoca importantes disfunciones en el funcionamiento municipal.
Además, incluye medidas para la estabilización del personal interino y para la protección de los derechos lingüísticos, como el deber de los funcionarios de atender a los ciudadanos en la lengua oficial que elijan y la reserva de plazas en el ámbito judicial para catalanoparlantes.
